*Treinta años después, el caso sigue causando polémica.
De la redacción
Semanas antes de cumplirse ayer los 30 años de la ejecución de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el caso volvió a resurgir en los medios informativos, especialmente por el interés del asesino material confeso, Mario Aburto Martínez de que se investigue las torturas que sufrió la madrugada del 24 de marzo de 1994, en una playa de Tijuana.
También el tema volvió a ponerse sobre la mesa, por declaraciones de personajes que no estuvieron en el lugar del atentado mortal contra el candidato presidencial del PRI, en la colonia Lomas Taurinas, una populosa colonia de Tijuana, Baja California, pero que vivieron lo que siguió e incorporan elementos antes desconocidos, que permiten percibir lo que estuvo atrás de ese asesinato.
Entre esos personajes destacan especialmente dos: el en ese tiempo gobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y la extraordinaria periodista Norma Meraz, conocida después en el Estado de México por haber dirigido el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense y por haberse casado con el ex gobernador Arturo Montiel Rojas.
Ruffo Appel dio a conocer que desde el gobierno se quiso culpar a la oposición del atentado. Narró que cuando se dio a conocer el atentado contra Colosio Murrieta estaban reunidos con autoridades federales en la capital del país 30 de 32 gobernantes estatales, para examinar las elecciones de ese año. Extrañamente faltó Manlio Fabio Beltrones, de Sonora, e incondicional del presidente Carlos Salinas de Gortari.
El mandatario bajacaliforniano regresó a su estado tan pronto pudo y en la noche se encontró con Diego Valadés, procurador General de la República, quien había llegado para encargarse de las investigaciones, a pesar de que el homicidio es delito del fuero común. Lo primero que el funcionario federal le dijo cuando se encontraron fue: “fueron ustedes”, refiriéndose a los culpables de la ejecución de Colosio Murrieta. Testigo de eso fue el procurador general de Justicia de Baja California en ese tiempo.
Estaba también el comandante Federico Benítez, cuyos policías una semana antes habían detenido en Tijuana una camioneta rotulada con el “Programa Nacional de Solidaridad”. Inexplicablemente el vehículo transportaba a pandilleros (“vagos”, los llamó Ruffo), y que más extraño fue que los individuos tenían en su poder una manta con la leyenda de “Ruffo asesino”.
Benítez fue también quien el 23 de marzo detuvo al convoy que trasladaba herido de muerte al candidato presidencial del PRI. Quería saber quién eran y hacía donde llevaban a la víctima. Les pidió su identificación, pero se negaron a identificarse y solo dijeron que eran de la Policía Judicial Federal. La respuesta no satisfizo al mando policiaco estatal, por lo que ante la negativa a identificarse, sus elementos encañonaron a lo custodios de Colosio, y sólo así sacaron sus credenciales: no eran de la corporación judicial federal. Todos eran del Estado Mayor Presidencial, corporación que dependía directamente del presidente Salinas de Gortari.
El comandante Federico Benítez fue ejecutado un mes después del asesinato de Colosio Murrieta, en un escenario en que comenzaron a darse homicidios de muchos hombres que estuvieron de alguna manera involucrados en los acontecimientos del 23 de marzo de ese año, justamente hace 30 años.
Norma Meraz, gente muy cercana a Diana Laurora Rioja, esposa de Colosio, también en entrevista, narró que tan pronto se difundió el fallecimiento del candidato presidencial del PRI, anuncio que hizo Liebano Sáenz, responsable de prensa de la campaña electoral, el presidente Carlos Salinas de Gortari se comunicó por teléfono con la señora Riojas, quien no quería contestarle e hizo esperar unos minutos al mandatario.
Dio a conocer también que la ya entonces viuda del sonorense giró instrucciones para que por ningún motivo se consintiera la presencia en los funerales de José María Córdoba Montoya, ni de Manuel Camacho Solís. Todo esto hace 30 años.
