*No se trata en ningún caso de armas para legítima defensa.
De la redacción
En lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, fuerzas federales han decomisado ceca de 50 mil armas de fuego, incluyendo ametralladoras “Barret” calibre 50 y armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas de Estados Unidos, y que no pueden venderse a particulares.
Casi todas estaban en manos de delincuentes, a quienes también se les decomisaron cerca de 20 millones de cartuchos de grueso calibre, de acuerdo con la última información del gabinete de seguridad federal. El número de armas es elevado y como lo reconocen las autoridades, es sólo una parte de las que la delincuencia organizada ha comprado.
No obstante, hay otro tipo de decomiso que no acapara la atención, pero indica la presencia de otro problema igualmente grave para la seguridad de la población pacífica y trabajadora: la posesión de granadas de fragmentación por parte de las células criminales, dispersadas en todas las regiones del territorio nacional.
La información oficial indica que de septiembre de 2018 a febrero de este año, en el combate contra la delincuencia y el delito, efectuado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), se han decomisado 3 mil 245 granadas.
Estaban en manos de delincuentes y se estima que son un mínimo número de todas las que tienen en su poder los grupos criminales. Son artefactos de gran poder explosivo y que no pueden considerarse que sean para la defensa del hogar y la familia, pues son para ataques contra las fuerzas de seguridad y contra miembros de otras organizaciones delictivas.
La compra de estos artefactos explosivos revela, además, claramente la intensión de la delincuencia de hacer el mayor daño posible a sus enemigos y a los cuerpos de seguridad que los persiguen, aunque extrañamente el anuncio de los decomisos no mueve a la reflexión de quienes se dedican a analizar el fenómeno de la criminalidad en el país.
