COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
DISCUTEN MEDIDAS PARA MEJORAR PENSIONES A LOS
TRABAJADORES, NO LA NEFASTA REFORMA DE ZEDILLO
La reforma para crear el fondo complementario para las pensiones del bienestar dio lugar a un prolongado y áspero debate en la Cámara de Diputados Federal, en el cual se dijeron muchas mentiras y exageraciones con una clara intención de la oposición por sobredimensionar el impacto de la decisión de transferir a un fideicomiso del Banco de México (Banxico) 40 mil millones de pesos de cuentas con 10 o más años inactivas y no reclamadas.
Los opositores carecieron de la más elemental autocrítica; sobre todo, los legisladores del PRI, porque la reforma laboral que aprobaron en 1995 y fue puesta en vigor el primero de julio de 1997 resultó un fracaso total. El gobierno de Ernesto Zedillo sostuvo en su momento que su reforma era “bondadosa” para los trabajadores a largo plazo, quienes con sus aportaciones manejadas por las AFORES se convertirían en el principal activo del ahorro del país y contribuirían a financiar al desarrollo nacional y la generación de empleos.
También sostuvo que se trataba de “garantizar la sostenibilidad a largo plazo, con pensiones más justas y equitativas. Lo inexplicable a 29 años de los cambios a la Ley del IMSS y a 27 de entrado en vigor dicho cambio y privatización del sistema pensionario de los trabajadores de la iniciativa privada es que los dirigentes de centrales y sindicatos de trabajadores, sus representantes en las cámaras del Congreso de la Unión y medios informativos nunca alzaron la voz para denunciar y rechazar las modificaciones legales contrarias a los intereses de la clase laboral al servicio de las empresas.
El descomunal problema generado por Zedillo, que condenó a los actuales casi 22 millones de trabajadores a cobrar pensiones equivalentes al 27.4 por ciento de su último salario; es decir, quien gane 10 mil pesos mensuales iba a jubilarse con una pensión de 2 mil 740 pesos, con la desventaja adicional de tratarse de una persona de la tercera edad, con enfermedades crónicas degenerativas, sin posibilidades de contratarse de nuevo, con las opciones de no jubilarse para no perder ingresos o dedicarse al comercio informal para complementar sus ingresos de sobrevivencia.
La reforma a la Ley del IMSS de 2020 redujo las semanas de cotización y el porcentaje de las comisiones, y permitió elevar el monto de las pensiones para quienes comenzaron a laborar a partir de julio de 1997, pero todavía están por debajo del 50 por ciento, por ello con el fondo de pensiones bienestar, cuyo capital “semilla” serán los 40 mil millones de pesos de las cuentas inactivas durante diez años, pertenecientes a trabajadores de 70 años y más, se busca generar ahorros para que ese monto llegue a cerca del 100 por ciento del último ingreso como asalariado activo.
Las lamentables condiciones económicas en las cuales iban a transcurrir el último tramo de su vida los trabajadores jubilados preocuparon al propio sector empresarial, que aceptó elevar sus aportaciones en forma gradual a partir del año pasado, del 6.5 por ciento sobre el salario del trabajador, al 15.0 por ciento en el 2030.
La discusión de la iniciativa para crear el fondo de pensiones del bienestar fue aprovechada por la oposición para atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador y acusarlo de que se quiere “robar” el ahorro de 10 millones de asalariados y de intentar quedarse con los 6 billones de pesos que administran las Afores. Las mentiras de la oposición son evidentes, porque también sostuvieron que esos 40 mil millones de pesos el gobierno lo desviaría para construir obras y a financiar el gasto corriente, cuando en realidad las cuentas inactivas serán transferidas a un fideicomiso que administrará Banxico, que es un organismo con autonomía constitucional, y el número de cuentas son alrededor de 260 mil; es decir, cuarenta veces menos de lo que dijo la oposición. Además, esas cuentas inactivas, por ley, las Afores debieron entregarlas al IMSS, pero no lo hicieron. Las mantenían en su poder y los intereses quedaban en sus manos.
En el acalorado debate, donde los diputados de las alianzas “Sigamos haciendo historia” y “Fuerza y corazón por México” se acusaron de corruptos, farsantes, mentirosos. La oposición, incluido el Movimiento Ciudadano anticipó que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar atrás lo aprobado y mostraron su seguridad de que así será. No obstante, de Ernesto Zedillo Ponce de León, el causante del problema para los trabajadores que comenzarán a jubilarse a partir de 2027, casi nada se dijo. Las discusiones fueron sobre la forma en que se busca resolver el fracaso de la privatización del sistema pensionario, no sobre quien lo ocasionó.
La reforma en cuestión se aprobó en lo general y en lo particular los artículos no reservados con 252 votos a favor 212 en contra y 4 abstenciones. Las reservas registradas sobre artículos fueron 230.
