COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
TRES MEDIDAS INEXPLICABLES DEL GOBIERNO ESTATAL:
CONTRATOS A SALINAS PLIEGO Y ESFUERZOS CON USAID
A muchos cuadros de Morena les preocupan algunas medidas tomadas por la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que parecen ir a contracorriente de los objetivos de su partido, Morena; del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de la cuarta transformación de la cuarta transformación. En este espacio de reflexión se comentó en su momento el intento de renovar contratos a empresas que renta equipos de cómputos. El problema es que se trataba de dispositivos obsoletos, de tecnología anacrónica, en uso por el Poder Ejecutivo desde hacía 5 años.
No podía existir lógica en esta pretensión más que la de alguien que buscaba obtener cuantiosos beneficios económicos con el alquiler de sistemas de cómputo que, además de rebasados por los avances de la tecnología en la materia, su servicio se cobraba a precios de oro, en ese mecanismo de corrupción creado por los gobiernos neoliberales para saquear el erario, en favor de empresas de amigos, a cambio de “moches”. De acuerdo con especialistas consultados por esta columna, computadoras que en el mercado al menudeo se conseguían en 8 mil pesos, para efectos de cotización, cuyos montos servían de base para fijar los montos de las rentas, se establecía que costaban 25 mil pesos.
En un medio informativo local se difundió también que un funcionario de la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) había firmado contratos para el organismo, con una empresa de su propiedad. El caso fue llevado inclusive a una conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
No obstante, lo más ilógico ha sido lo que dio a conocer un medio de información de cobertura nacional: el Poder Ejecutivo firmó un contrato para servicios del ramo de las telecomunicaciones con una de las numerosas empresas de Ricardo Salinas Pliego, presidente del corporativo empresarial “Grupo Salinas”, uno de los mayores evasores fiscales, quien insulta todos los días al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo calumnia, ofende, aprovecha su cadena de televisión para mentir en el tema de los más de 60 mil millones de pesos que debe por impuestos sobre sus ganancias, multas y recargos.
Hombre de ultraderecha, para él y los periodistas a su servicio todo lo que hace el gobierno del presidente López Obrador está mal. Denuncia que las autoridades de la cuarta transformación son corruptas, ineptas, y en el caso del Fondo de Pensiones para el Bienestar, los noticieros de su cadena de medios difundieron que el traslado al IMSS de los 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas durante 10 años en las Afores (por ley debían entregarse al Instituto) constituía un robo a los trabajadores del país.
Con esos antecedentes de Salinas Pliego, la administración públlica estatal lo favoreció con un jugoso contrato. La información debe ser verídica, porque varios días después de que se difundió no ha sido desmentida oficialmente, en una situación que no tiene lógica, porque Salinas Pliego es un ultraderechista ideológicamente, que reprueba también los programas sociales, y se niega a cumplir las leyes fiscales, por prepotente, soberbio y arbitrario.
La otra decisión igualmente inexplicable fue el acuerdo de colaboración de la Secretaría de Movilidad del Estado de México (SEMOV) con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en el Proyecto Alianza para Ciudades con Emisiones Netas Cero. La USAID es una de las fachadas de la CIA para espiar y sabotear a gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe, aunque su denominación no lo parezca.
La USAID paga en México a las organizaciones civiles mexicanas que atacan todos los días al presidente de la República, a Morena y a la cuarta transformación, en especial, a “Mexicanos contra la Corrupción”, que fundó Claudio X. González, ahora operador político de la ultraderecha empresarial, que controla a los brazos electorales de las cúpulas de la iniciativa privada. Le heredó la organización civil a Amparo Casar, ex alta funcionaria de un gobierno panista, quien cobra en la USAID, que opera desde la embajada estadounidense en la capital del país.
La USAID tiene negros antecedentes en esta subregión del continente. En especial se recuerda el escándalo cuando financió un programa de esterilización masiva de indígenas peruanas, asentadas en las regiones más pobres del país andino. El problema fue que engañaron a las víctimas; es decir, la esterilizaron sin su conocimiento y menos, su consentimiento. Operativos de este tipo han sido numerosos por parte de la USAID.
