*El ministro González Alcántara propondrá mecanismo ya no aplicable a Zaldívar.
De la redacción
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña Hernández, no tiene facultades para investigar y sancionar al ministro en retiro, Arturo Zaldívar, por presuntos actos agraviantes a la independencia del Poder Judicial de la Federación.
En forma implícita la cabeza del Poder Judicial reconoció este problema, a pesar de haber abierto una carpeta de investigación porque propuso llenar ese vacío en el marco legal y reglamentario.
El marco jurídico existente sólo es aplicable a ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces, y al personal, pero no para quienes dejaron de pertenecer a ese Poder, y pasan a la condición de simples ciudadanos fuera del servicio público.
Para resolver el problema se comisionó al ministro Juan Luis González Alcántara elaborar un documento que contenga el marco jurídico y mecanismo para actuar en casos similares al de quien fue presidente de la SCJN y del CJF.
Al cierre de esta edición de “El Espectador” ese trabajo no había sido presentado al pleno para su aprobación, pero cuando reciba el visto bueno, no podrá aplicarse en el caso del ministro en retiro, pues las normas no tienen carácter retroactivo.
En entrevistas con conductores de noticieros de televisión, quienes cuestionaron a Zaldívar como si hubiera sido procesado y recibido sentencia condenatoria, rechazó los cuestionamientos de la denuncia anónima en su contra y sostuvo que se trata de una venganza política, por las relaciones de amistad de Piña Hernández con la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez.
De la misa forma, refutó las acusaciones de que castigaba a jueces y magistrados cambiándolos de adscripción cuando no obedecían sus consignas. Explicó que había una comisión de ministros encargados de este tema. Dio a conocer, por cierto, que esa comisión la desapareció Norma Lucía Piña Hernández.
La difusión masiva en medios informativos de la denuncia anónima en su contra, cuando las investigaciones exigen secrecía, es otra prueba del móvil político electoral de la investigación en su contra, y por eso su defensa también es mediática.
Sobre el caso de Nerzar Sandoval, obligado por la presidenta de la SCJN a renunciar a la titularidad del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Arturo Zaldívar destacó que es un abogado de primera, que en 4 años logró liberar a más de 40 mil personas de escasos recursos, detenidas en cárceles federales, y que su despido obedeció a petición de Isabel Miranda a su amiga Piña Hernández, porque Sandoval defendió a algunas de las acusadas de secuestrar y asesinar al hijo de la activista.
El ministro en retiro rechazó haber sancionado a un juez, después magistrado, por otorgar amparos contra el AIFA. Explicó que ese servidor público, ya fallecido, fue separado por inconsistencia en su declaración patrimonial y haber comprado al contado una mansión, para lo cual no tenía ingresos suficientes y que nada tuvo que ver el caso del nuevo aeropuerto.
