EL SISTEMA JUDICIAL DEL PAIS, BAJO LA LUPA
Jairo A. Tell
La realidad del sistema de justicia del país es francamente lamentable y cada vez más cuestionado. Norma Piña y sus secuaces, en una abierta confrontación con el presidente hacen y deshacen a su antojo con el fin de hacer sentir su poder y abierta defensa de intereses antipopulares. Lo ocurrido recientemente, con casos emblemáticos, apunta a que una vez más los malosos y delincuentes de cuello blanco se saldrán con la suya y podrían evadir la acción de la justicia, si se elimina la prisión preventiva oficiosa, como lo intenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que en definitiva abriría la posibilidad de dar salida a muchos nefastos personajes que han ocasionado un daño mayúsculo a los ciudadanos y, por ende, a la nación. Hasta junio de 2023 sumaban 92 mil 595 personas privadas de la libertad sin sentencia, de las cuales más de 68 mil están en prisión preventiva oficiosa, acuerdo con el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional elaborado por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).
Algunos casos son emblemáticos de personajes que serían sido beneficiados con esta medida: Miguel Treviño Morales El Z 40, Héctor Luis Palma Salazar (a) “El güero palma”, Eduardo Arellano Félix (a) “El doctor”, Juan Collado Mocelo, el abogado predilecto de Salinas; Víctor Garcés, ex director jurídico de la cooperativa Cruz Azul; Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto indiciado por el asunto de los 43 normalistas de Ayotzinapa y su famosa “Verdad Histórica”; Alfredo Beltrán Leyva (a) El Mochomo; Jesús Hernández Alcocer, el asesino de su esposa, la cantante Yrma Lydya.
También recuperaría su libertad el ex diputado de morena Saúl Huerta; El capitán en retiro José Martínez Crespo, preso por el caso de los 43 Normalistas de Ayotzinapa; Israel Vallarta Cisneros, presunto secuestrador y expareja de la ciudadana francesa Florence Cassez, detenidos gracias al montaje armado entre Genaro García Luna, Secretario de Seguridad de Felipe Calderón y Carlos Loret de Mola, entonces comunicador estrella de Televisa; Gerardo Sosa Castelán, ex presidente del patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo, preso por delincuencia organizada y lavado de dinero; Jorge Winckler, ex fiscal de Veracruz, a quien se atribuyen varios delitos, Baltazar Higinio Resendez Cantú empresario tamaulipeco preso por delincuencia organizada y lavado de dinero y socio del gobernador Cabeza de Vaca recientemente bajado de la candidatura plurinominal por el PRIANRD. Los integrantes de la “Unión Tepito” liderada por Oscar Andrés Flores “El lunares”, y otros miembros de los carteles que operan en el país, como el cartel de Tláhuac , el cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel inmobiliario y muchos más.
En otro tenor, pero sobre el mismo tema, Adán Augusto López, hasta hace poco s
ecretario de Gobernación aseguro que, de aprobar la eliminación de los delitos graves y con ellos la prisión preventiva oficiosa, argumentando una situación de violación de los derechos humanos la suprema corte acabaría con el plan de justicia de la nación. El exsecretario comento entonces que espera que los ministros de la corte estén a la altura de las circunstancias para evitar que se dé la libertad a más de un delincuente verdadero. Jueces, juzgados y ministerios públicos contribuyen a socavar el estado de derecho del país convirtiendo el ingreso a la cárcel en una puerta giratoria. Los eruditos en la materia aseguran que se estaría fomentando el mercado de los jueces y con ello la justicia se pondría al mejor postor.
Con ello no se resuelve el problema de fondo que es la recuperación de la confianza en los jueces mexicanos, y se abona en el negocio de despachos de abogados que mediante el tráfico de influencias, garantizan la liberación de los detenidos; como siempre los pobres seguirían presos por no poder pagar por su liberación. Por el momento se aplazó la discusión de esta modificación que daría al traste con los esfuerzos por mejorar el sistema de justicia de la nación. La violación al “Debido Proceso” ha sido el argumento principal que esgrimen los jueces para dictar el auto de libertad por no apegarse, según ellos al protocolo de detención, aun cuando sea en flagrancia. Veremos con que chistecito nos salen al término del proceso electoral. Por esto y más el sistema de justicia de la nación se encuentra bajo la lupa.
