*Gobernadores del PRI y PAN firmaron convenio para atender directamente la salud.
Gabriel L. Villalta
(Segunda parte)
Con un gran despliegue propagandístico en los medios de comunicación de circulación nacional, el 20 de agosto de 1996, gobernadores del PRI y del PAN firmaron con el gobierno federal el convenio para descentralizar los servicios de salud para la población abierta. Esta fue otra de las muchas decisiones tomadas por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en contra de los intereses de la mayoría. En este caso, de la población excluida de los beneficios de los sistemas de seguridad social.
El 26 de septiembre de ese mismo año entró en vigor el convenio Federación-estados, al publicarse en el Diario Oficial. Se dio por hecho y se festinó por anticipado la concreción de los objetivos planteados y buscado por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, según una investigación hemerográfica de “El Espectador”. No se escucharon voces críticas.
Como se difundió en este medio informativo en anterior entrega, a 28 años de la firma de ese convenio, lo que se concretó fue el fracaso de la descentralización, especialmente por la corrupción de los gobernadores en el manejo de los fondos federales recibidos, supuestamente, para atender la salud de sus gobernados.
La revisión de “El Espectador” a las negociaciones y acuerdo final del convenio de descentralización de infraestructura y presupuesto para los servicios de salud de la población marginada de la seguridad social encontró que varios de sus protagonistas después se vieron envueltos en grandes escándalos de corrupción y vínculos con carteles de las drogas.
En ese tiempo no había problema de alto consumo de drogas duras en el país, que sólo era territorio de tránsito de la cocaína proveniente de Colombia, con destino al territorio de los Estados Unidos.
El primero de la lista en tener graves problemas fue Mario Villanueva Madrid, gobernador de Quintana Roo, ahora muy enfermo. Fue capturado en el mismo sexenio de Zedillo Ponce de León, recluido en el penal de la Palma (ahora del Altiplano), de Almoloya de Juárez, acusado de ser mando del “Cartel de Juárez”.
De los gobernadores de entonces destaca Jesús Murillo Karam, de Hidalgo, procesado por el problema de la desaparición delos 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014; Ángel Aguirre Rivero, de Guerrero, quien renunció a la gubernatura por el mismo caso. Era la segunda ocasión que ocupaba el cargo.
Suscribieron el documento los mandatarios panistas Francisco Barrios Terrazas, de Chihuahua; Héctor Terán Terán de Baja California; Alberto Cárdenas Jiménez, de Jalisco y Vicente Fox Quesada, del PAN, después presidente de la República y considerado traidor de la democracia, por el desafuero a Andrés Manuel López Obrador y el cogobierno de facto que hizo con Carlos Salinas de Gortari, mediante sus incondicionales Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón
Firmaron igualmente parte de los firmantes del acuerdo Rogelio Montemayor Seguy, de Coahuila, después encarcelado por desviar fondos de PEMEX a la fracasada campaña electoral de Francisco Labastida Ochoa a la presidencia de la República; Víctor Cervera Pacheco, de Yucatán, un tiempo prófugo de la justicia; Roberto Madrazo Pintado, derrotado candidato presidencial del PRI en 2006; y Jorge Carrillo Olea, obligado a renunciar como gobernador de Morelos, por la presencia en ese estado de mandos del “Cartel de Juárez”. Sólo mencionamos a los firmantes del citado convenio que generaron escándalos después.
