COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
DESFASADA LA SCJN DE LA REALIDAD, ES CLASISTA Y
AJENA AL VALOR DE LA JUSTICIA E IMPARCIALIDAD
Hasta diciembre de 2018, una abrumadora mayoría de la población mexicana desconocía las condiciones de lo que era y cómo actuaba el Poder Judicial Federal. Lo conocían quienes enfrentaban problemas del fuero federal, pero el resto nada sabía de su estructura, o de las condiciones económicas de jueces, magistrados y ministros.
Menos conocían los mexicanos el funcionamiento, las facultades y actuaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo tribunal constitucional del país y última instancia en materia de constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes que aprueban los poderes legislativos federal y estatales.
La SCJN no sólo era desconocida por los mexicanos, sino también estaba alejada y no le importaba (no le importa aún) el interés general, además de tener una composición clasista. Todos los ministros y ministras provienen de las clases altas y con relaciones con los poderosos. No hay ministro o ministras de padres campesinos u obreros.
Un ejemplo claro de ello lo constituye Mario Pardo Rebolledo, quien tuvo una carrera meteórica y en pocos años pasó de juez de distrito en materia penal a magistrado. Llegó a su cargo actual por su cercanía con el calderonismo. Fue compañero de Felipe Calderón Hinojosa en la Escuela Libre de Derecho.
Todavía entre jueces y magistrados es posible encontrar a hijos de clases medias bajas y aún pobres, pero en la SCJN, no. El tribunal constitucional siempre ha estado alejado de la mayoría de la población y ésta ignoraba y no le interesaba lo que hacía o dejaba de hacer la cabeza del Poder Judicial Federal.
Las relaciones de ministras y ministros son y siempre han sido con los poderosos, y con ello han incurrido en conflicto de interés al reunirse en fiestas privadas con los grandes traficantes de influencias y corruptos de altos vuelos, quienes tienen o llevan problemas y casos que debe resolver el cuerpo de ministros y ministras.
Los grandes medios informativos no se escandalizaron, ni criticaron al ministro Luis María Aguilar, cuando llevó a varios ministros a una boda de la hija de Juan Collado, representante legal de Carlos y Raúl Salinas de Gortari. Compartió las caras bebidas y el elegante menú con el hermano mayor de los Salinas; con el entonces dirigente petrolero y después prófugo de la justicia, Carlos Romero Deschamps; con la ex jefa de Gobierno del Distrito Federal y ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano, Rosario Robles, después encarcelada por la “Estafa maestra”.
Aguilar y varios ministros convivieron en esa ocasión, en una hacienda del Valle de Toluca, también con Enrique Peña Nieto y Diego Fernández de Cevallos; es decir, con personajes que tenían asuntos en trámite, cuya resolución correspondía a los ministros. Ese comportamiento de los ministros constituyó un caso de conflicto de interés.
No debía extrañar que hace poco el ministro Luis María Aguilar, sin tener facultades, haya solicitado y obtenido el expediente de un juicio fiscal por 24 mil millones de pesos que ventilaba Ricardo Salinas Pliego en la SCJN. Recibió el caso y, de haber tenido facultades constitucionales para ello, debió presentar un proyecto de resolución en menos de 30 días, pero lo escondió y demoró 9 meses para sacarlo y entender que no le correspondía tramitarlo.
No se conoce, en cambio, un sólo caso de un ministro o ministra que asistiera a una fiesta de bautizo, 15 años o boda de una familia obrera o campesina en toda la historia, prueba de la naturaleza clasista de la SCJN, cuyos fallos más trascendentes son siempre a favor de grandes intereses corporativos nacionales y extranjeros, en perjuicio del interés nacional, de lo cual los amparos para detener grandes obras públicas y la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica son sólo ejemplos.
En estas condiciones, es clara la necesidad y conveniencia social de reformar al Poder Judicial Federal y especialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que cumpla también su obligación de hacer justicia y no sólo proteger a los grandes intereses económicos y políticos antipopulares.
