*Hablan de riesgos de injerencia de la delincuencia y Morena contra la SCJN.
De la redacción
Como en la campaña para elegir presidenta de la República, basada en calumnia contra el partido gobernante, ahora medios informativos, periodistas y presuntos analistas políticos altamente calificados, difunden falsedades al por mayor sobre consecuencias desastrosas para la justicia, si se somete a elección popular a ministros, magistrados y jueces.
Los argumentos van desde que la elección mencionada no resolverá el problema de la corrupción, hasta que la delincuencia organizada decidirá los nombres de los ganadores en la contienda, pasando por el argumento de que Morena quiere apoderarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); que el cambio de estos funcionarios judiciales generaría caos y perdería eficacia el Poder Judicial; que se trata de una venganza del presidente Andrés Manuel López Obrador; y que costaría 3 mil 500 millones de pesos elegirlos.
En este último caso, si reconstruir al Poder Judicial, sanearlo de la corrupción; hacer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sea eso, y no protectora de intereses antipopulares, y que la justicia sea pronta, expedita y gratis, como lo manda la Constitución, gastar 3 mil 500 millones de pesos en la elección de ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces, saldría regalada y socialmente utilísima, porque la justicia no estará al alcance sólo de quienes cuentan con dinero.
El argumento descalificatorio de la elección en el Poder Judicial, basada en la conveniencia de no efectuarla, para impedir que la delincuencia se apodere de ese Poder es insostenible e infantil, aun cuando lo sostengan sedicientes analistas políticos calificados, porque con esa lógica, para cancelar la posibilidad de que eso ocurra, habría que suprimir las elecciones de ayuntamientos, de miembros de los congresos locales, de titulares de los poderes ejecutivos estatales.
Por extensión, ya no habría que elegir presidentas o presidentes de la República, diputadas y diputados federales, ni senadores de la República, y aprobar un mecanismo de designación, lo que sería absurdo.
Puede discutirse válidamente si es conveniente o no relevar al mismo tiempo a todos los jueces y juezas, magistradas y magistrados, ministras y ministros o hacerlo en forma escalonada, como lo proponen los miembros de la SCJN, pero no hay discusión sobre la necesidad de una reforma al Poder Judicial. Los propios miembros de dicho Poder están de acuerdo en que hace falta.
En el foro efectuado en Toluca fue en el que se habló del posible costo de la elección, lo cual dio lugar a críticas furibundas, sin reflexionar que 3 mil 500 millones de esos no son nada, si permiten mejorar el sistema de justicia.
