AUTORIDADES DIERON MANGA
ANCHA A FRACCIONADORES
SE ANEGAN COLONIAS ASENTADAS EN ZONAS
INUNDABLES QUE NUNCA DEBIERON POBLARSE
El Estado de México pasó de una población de 3 millones de habitantes a finales de la década de los setenta del siglo pasado a cerca de 18 millones en la actualidad. El crecimiento fue vertiginoso a partir del año 1982, con la implantación del modelo neoliberal que, entre otras consecuencias nefastas, se tradujo en el abandono del sector campesino por las autoridades.
Por esa razón creció la pobreza rural, de por sí abundante desde antes, con el consiguiente éxodo de familias rurales hacía los centros urbanos. El gran polo de atracción fue la capital de la República, pero la urbe no podía albergar a todos los migrantes internos.
Los altos precios del suelo para construir viviendas y las elevadas rentas, más la falta de capacitación, experiencia y habilidades de los recién llegados para el trabajo productivo urbano bien remunerado los derivaron a las periferias, que no era más que el territorio mexiquense del oriente, norte y noreste de la Ciudad de México.
El bajo precio de las tierras de cultivo, en su mayoría de propiedad social, favoreció su adquisición y construcción, como Dios les dio a entender, de viviendas, sin planeación, y suelo no apto para uso habitacional, por tratarse de zonas bajas, que fueron lecho del Lago de Texcoco o zonas de vocación agrícola, abundantes en agua.
La falta de servicios de los nuevos y expansivos asentamientos humanos se convirtieron en otro problemas, que se agravó con la incursión de fraccionadores clandestinos y autorizados, ambos sin conciencia social y movidos exclusivamente por el afán de lucro fueron que constituyeron otros factores que contribuyeron al caos urbano.
El gobierno estatal y los municipales permitieron la construcción de colonias en las zonas inundables, lo cual explica la introducción del agua a los hogares cada vez que las lluvias alcanzan volúmenes que rebasan la capacidad de los drenajes, en perjuicio de familias que fueron víctimas de la venta de viviendas en lugares no aptos para los asentamientos humanos.
Estos problemas ya están ahí, y su solución sería construir muchos y grandes colectores y drenajes de mayor dimensión, lo cual no se hará, porque para ello se requieren montos presupuestales estratosféricos, no están disponibles para las autoridades de la entidad y de las demarcaciones municipales.
Lo que puede y debe hacer el nuevo gobierno es reasumir la conducción del futuro desarrollo urbano, poner orden y no consentir que sean los fraccionadores quienes decidan dónde y cómo se construyen las nuevas colonias, porque la permisibilidad del pasado tiene ahora graves consecuencias, sin contar los daños ambientales.
Tal vez llegó ya el momento de fijar límites a la expansión de las zonas urbanas, como con mucha visión lo puso en práctica hace más de 440 años el gobernador Alfredo del Mazo González; sobre todo, donde hay carencia de agua potable.
