*En actos de corrupción participaron 3 o más personas y lo hicieron en repetidas ocasiones.
De la redacción
La figura jurídica penal de delincuencia organizada fue creada e introducida a la legislación penal federal en 1996, con la expedición de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFCDO), pero su aplicación no incluyó a la delincuencia organizada de “cuello blanco”.
En actuaciones de esta naturaleza, se especializaron en saquear de forma sistemática y estructurada los fondos públicos del gobierno federal, de los estatales y municipales, en contubernio con funcionarios corruptos, según el seguimiento de “El Espectador” al tema.
Los daños al patrimonio nacional, a las entidades federativas y a los municipios son incuantificables y se efectuaron mediante diversos mecanismos, cuyo diseño y ejecución exigió la participación de tres o más personas, para delinquir muchas veces, que precisamente, son los elementos del tipo penal de la delincuencia organizada, según la LFCDO.
Esta condición delictiva fue muy clara en el caso del ISSSTE, donde despachos de abogados, funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y trabajadores obtuvieron beneficios económicos por pensiones mayores a las merecidas, cuyo monto global de los daños a las finanzas del organismo superó los 15 mil millones de pesos.
Hay acusaciones contra exdirectivos y exfuncionarios del Instituto por la privatización de los servicios que éste debía prestar directamente. En cambio, rentaba equipo médico como quirófanos, laboratorios de análisis diversos, ambulancias, camillas, sillas de ruedas, además de la subrogación del servicio de farmacias. Lo peor fue que rentaba y compraba todo con excesivos sobreprecios.
De la misma forma renta con altos costos hospitales, en operaciones en las cuales participaban varias personas, quienes incurrían en el delito de delincuencia organizada. El saqueo respondió a acciones claras de delincuencia organizada.
No obstante, los centenares de denuncias no imputan a los presuntos corrutos el delito de delincuencia organizada, a pesar de que se trató de operativos concertados por más de tres personas, quienes actuaron así de forma recurrente.
El contubernio entre un reducido grupo de empresarios con funcionarios corruptos se presentó durante 36 años, del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado hasta el de Enrique Peña Nieto.
En suelo mexiquense su expresión extrema fueron los contratos otorgados por el ISSEMYM al exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado, para el suministro de insumos para hacer frente a la pandemia de Covid-19.
Ya se ha comentado, pero vale la pena repetirlo para que no se olvide: el tabasqueño vendía el litro de sanitizante (en las tlapalerías al menudeo costaba 44 pesos), a mil 050 pesos adquiridos al mayoreo, lo cual no podía conseguirseo autorizarse más que con la complicidad de directivos el organismo, en un ejemplo de delincuencia organizada.
