*Corrigen una injusticia al basificar a 8 mil 696 médicos y enfermeras.
De la redacción
La recuperación de los servicios de salud para la población abierta, por parte del gobierno federal, en convenio con el estatal, se tradujo adicionalmente en un acto de justicia laboral para miles de servidores públicos del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).
Fueron beneficiados con plazas de base o definitividad en el empleo o planta, como también se le conoce, 8 mil 696 médicos generales, médicos especialistas, enfermeras auxiliares, enfermeras generales y enfermeras especialistas.
Serán parte del personal basificado del sector salud, con lo cual este número de beneficiados terminará con la angustia que sufrían cada vez que se les terminaban sus contratos, como trabajadores eventuales.
La propia familia de cada quién, mujer u hombre, padecía preocupaciones cada 3, 6 ó 12 meses en que se terminaban sus contratos como trabajadores eventuales, porque no sabían si volverían a contar con la plaza o no.
Además de la certeza jurídica de su permanencia en el empleo, tendrán derecho a la seguridad social; es decir, a recibir los servicios del ISSSTE, desde atención médica hasta generación de antigüedad, préstamos y la posibilidad de jubilarse.
Nada de eso tenían, con lo cual, las autoridades, obligadas a vigilar el cumplimiento de la ley y sancionar su omisión, eran las primeras en violar le norma laborales, en perjuicio del personal médico y de enfermería.
El artículo 23 de la Constitución Federal y las leyes secundarias en materia laboral, autorizan el trabajo eventual sólo cuando se trata de una tarea que tiene plazo de finalización, lo cual no ocurría con las actividades de médicos y enfermeras, que son actividades permanentes en clínicas y hospitales.
Las 8 mil 696 personas del sector salud que brinda atención a la población abierta, que en el Estado de México suman 9.1 millones de mexiquenses, estaban marginadas de la atención médica.
Un alto porcentaje de quienes obtuvieron la definitividad en el empleo llevaban años como eventuales, a pesar de la necesidad permanente de sus servicios. Por ello, mantenerlos laborando mediante contratos, violaba en forma abierta sus derechos laborales, por parte de las propias autoridades estatales anteriores.
Durante el gobierno de Eruviel Ávila Villegas se denunció que en el ISEM cobraban sin trabajar miles de personas, en una ilícita desviación de fondos públicos, mientras los que trabajaban, como era el personal ahora basificado, ganaba 30 por ciento menos que los ocupantes de plazas definitivas y desarrollando tareas similares.
