*Propone Barios Dávalos dimensionar la participación privada en la corrupción.
De la redacción
Victorino Barrios Dávalos, titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) consideró urgente adoptar diversas medidas para erradicar la corrupción total y en forma definitiva.
Ante el fenómeno de la corrupción, el responsable de evitarla en la Máxima Casa de Estudios mexiquense destacó la utilidad social que tendría llevar a cabo una reingeniería constitucional-administrativa y combinar estrictos controles internos con externos contra este vicio.
En una conferencia, Barrios Dávalos, quien ganó prestigio como luchador contra la corrupción cuando fue contralor del Poder Legislativo, destacó que hay un error cuando se piensa que la corrupción está sólo en los gobiernos, pues también se incuba y desarrolla en los sectores privado y social, y en todas partes debe erradicarse, porque este vicio impacta negativamente el bienestar de los mexicanos.
Grandes empresarios se enriquecieron con el saqueo del erario, en complicidad con altos servidores públicos corruptos, pero no son sancionados por dañar el patrimonio público, ni caen en el desprestigio.
El servidor universitario, nombrado por el Poder Legislativo Local, planteó también la necesidad de adoptar medidas preventivas, correctivas y sancionadoras a los servidores públicos corruptos, con la aplicación sin contemplaciones de la Ley de Responsabilidades en las faltas graves, no graves y en hechos constitutivos de delitos, los cuales deben ser denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción.
En la lucha para erradicar la corrupción Barrios explicó que debe irse hasta hacer públicas las declaraciones de bienes, conflicto de interés y situación fiscal; si es el caso, hacer convenios con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y revisar en forma exhaustiva y permanente el IFREM, con registro de las adquisiciones del servidor público y aplicar las leyes de transparencias.
De la misma forma, llevar un registro de los servidores públicos sancionados, como instrumento de consulta obligatoria para cualquier contratación en cualquier espacio o ente público; es decir, obligar a las autoridades a revisar si el aspirante a servidor público tiene o no antecedentes de corrupción.
El titular del OIC de la UAEMéx recordó que las faltas administrativas sólo pueden castigarse si se detectan en los siguientes 3 años de cometidas, mientras las que implican daños económicos a las instituciones prescriben a los 7, y por ello debe actuarse de inmediato.
En su conferencia, Barrios Dávalos sostuvo que para que la lucha contra la corrupción tenga éxito debe castigarse tanto al servidor público más humilde, como al más encumbrado, sin tomar en cuenta quién o quiénes lo recomiendan, aunque sea el propio presidente de la República. La ley debe alcanzar también a empresarios corruptos.
En su exposición citó a Max Weber, quien recomendaba que el servidor público debía asumir la responsabilidad ética, con el conocimiento de que si hace mal las cosas u omite hacerla, tendrá consecuencias; es decir, tendrá efectos en su contra.
