*CSG violó la Constitución, ante el silencio de los constitucionalistas.
De la redacción
En materia de energía eléctrica, los gobiernos neoliberales renunciaron a la rectoría del Estado, que le impone el artículo 25 constitucional, especialmente incumplió con el segundo párrafo de la Máxima Norma.
Funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) denunciaron que en su afán de entregar el sector energético a las leyes brutales del mercado y abandonar sus responsabilidades frente al interés general, descuidaron la planeación.
Las autoridades, a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto entregaron a empresas privadas, nacionales y extranjeras permisos para generar energía eléctrica, sin imponerles la condición de operar de acuerdo con una planeación gubernamental.
Les permitieron a las compañías asentarse donde quisieran y que se pudieran incorporar a las redes nacionales de conducción su energía donde no debieron, lo cual afectó el funcionamiento, por los desfases ocasionados y que obligaron a la CFE a destinar grandes recursos presupuestales para evitar daños.
De acuerdo con la información de la empresa pública, este abandono de la planeación del Estado Mexicano en una actividad de importancia estratégica se corrigió con desembolso de miles de millones de pesos.
En el sector eléctrico la Constitución fue violada durante más de 20 años, ante el silencio cómplice de los constitucionalistas, legisladores y los grandes medios informativos, según el estudio un estudio de la compañía pública.
La generación, conducción y distribución de la energía eléctrica estaba reservada al Estado Mexicano, pero como presidente, Carlos Salinas de Gortari reformó la legislación secundaria del sector eléctrico.
No modificó la Constitución, que permaneció intocada en su disposición que reservaba la industria eléctrica al sector público. Esa abierta transgresión a la Máxima Norma mexicana no fue cuestionada, más que por una pequeña parte de la oposición de izquierda.
Nadie le hizo caso, y su denuncia de la violación constitucional no encontró eco en los constitucionalistas. Asumieron un comportamiento similar al que respaldo la sobrerrepresentación legislativa y ahora la cuestiona y exige que no se aplique.
El agravio a la Constitución, al dejar de aplicarse por un cambio a la legislación reglamentaria, duró más de la mitad del sexenio salinista y siguió con el de Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y la mitad del de Enrique Peña Nieto.
Éste le dio sustento constitucional a la apertura de la industria eléctrica a empresas privadas; es decir, lo que se hacía con agravio a la Constitución, pero continuó el abandono de la facultad y obligación constitucional de planear y ordenar el sector.
