ILEGALES LOS PAROS EN P. JUDICIAL;
ES CLARA OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA
LOS RESPONSABLES DE IMPARTIR JUSTICIA SON
QUIENES LA OBSTRUYEN AL CERRAR TRIBUNALES
El paro llevado a cabo por trabajadores del Poder Judicial Federal, magistrados y jueces constituye delito, advirtió Ricardo Monreal Ávila, senador de la República saliente e influyente cuadro de Morena.
Tiene razón: Suspender actividades jurisdiccionales y dejar a quienes demandan justicia en estado de indefensión, es claramente una obstrucción a la administración de justicia, por parte de quienes están obligados a garantizarla, lo que es doblemente negativo, aun cuando no haya sanciones contra jueces y magistrados, que dejaron al país sin justicia federal.
El presidente Andrés Manuel López Obrador coincidió con lo señalado por el legislador, pero aclaró que no le corresponde al Poder Ejecutivo Federal intervenir para aplicar sanciones, pues se trata de otro poder, con autonomía garantizada por la Constitución. Y no se trata de cualquier autonomía de este rango, sino de una institución que representa a uno de los tres poderes de la Unión.
La institución responsable de vigilar el funcionamiento de jueces y magistrados es el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), precisó el mandatario. Y destacó que el respaldo de los hombres dueños de gran parte de la riqueza del país al movimiento parista indica claramente lo que está en juego con la reforma al Poder Judicial Federal en estos momentos.
La propia oposición del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) (antes Consejo de Hombres de Negocios) explica la importancia de una reforma que pone en el centro al pueblo y tiene el rechazo de quienes se sentían dueños de México, destacó.
La oposición de los más ricos del país a la sobrerrepresentación legislativa, que dará mayoría calificada a Morena y sus aliados es sólo el primer paso, pues les preocupa que con esa correlación de fuerzas entre partidos le permitirá al partido en el poder reformar al Poder Judicial Federal, que los dueños de la riqueza del país siempre tuvieron a su servicio, especialmente en 36 años de gobiernos neoliberales.
Dicha reforma en debate les importa, no tanto por los cambios en sí, sino por la posibilidad de que se efectúen reformas constitucionales necesarias para llevar a cabo modificaciones a la máxima norma del país, en beneficio del pueblo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, con razón, recordó que nadie de los que ahora consideran negativa la sobrerrepresentación protestó cuando con ésta se hicieron cambios constitucionales en perjuicio de la población.
En los 36 años de gobiernos neoliberales todas las reformas constitucionales fueron en contra de los intereses de la mayoría y en beneficio de una minoría. Se reformó para reprivatizar los bancos y para entregar a particulares empresas públicas; para los cambios que permitieron privatizar las pensiones y se hicieron cambios legales, inclusive decretos para convertir en deuda pública las deudas bancarias de los más ricos de México, además de las modificaciones que permitieron la participación de particulares en las industrias petrolera y eléctrica. La ultraderecha empresarial buscó volver a esos tiempos, ahora se opone a la sobrerrepresentación.
