*La ley fue invalidada por juez, el pleno de la SCJN no la había anulado.
De la redacción
En un accidentado trámite, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró en enero de este año inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), lo que al final se tradujo en una pérdida de ingresos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Dejaron de ingresar a las arcas de la empresa pública descentralizada del sector eléctrico, llamada ahora “empresa productiva del Estado”, 370 mil millones de pesos por esa resolución de dos ministros.
El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores, puso como ejemplo ese tema para ejemplificar que la Suprema Corte emite fallos en contra de los intereses de los mexicanos.
Como “El Espectador” lo informó en su oportunidad, con atropello a las normas y al Reglamento Interior de la propia SCJN, dos ministros: Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales, en los últimos días de enero de este año declararon inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, cuya iniciativa promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Seis empresas privadas generadoras de energía eléctrica pidieron la declaratoria de inconstitucionalidad de esos cambios aprobados en marzo de 2021. Un tribunal de amparo concedió la razón al reclamo y otorgó la protección de la justicia federal.
El gobierno federal acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la revisión del amparo 164/2023. El problema fue que dependencias del Poder Ejecutivo Federal pidieron que el ministro Javier Laynez Potisek se excusara de participar en la sesión.
Recusó su posición, porque como procurador fiscal del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto había defendido con vehemencia la reforma energética, y por esa postura, tiene conflicto de interés en el tema.
Su exclusión dejó a la Segunda Sala de la SCJN con dos ministros y dos ministras. La ministra Jasmin Esquivel Mossa solicitó en la sesión privada previa a la pública que se aplazara la discusión y votación del asunto, dada su trascendencia y la necesidad de más tiempo para examinarlo.
El Reglamento Interior obliga al presidente o presidenta de las salas a atender peticiones de este tipo, pero Pérez Dayán rechazó la petición de su par y llevó el caso a debate y votación.
Junto con Luis María Aguilar Morales (el que guardó 10 meses el expediente del adeudo fiscal de Ricardo Salinas Pliego), votaron a favor de declarar inconstitucional la reforma cuestionada. Las ministras Jasmin Esquivel Mossa y Lenia Batres votaron en contra, por lo que se registró un empate. En su condición de presidente de la Sala, Pérez Dayán uso el voto de calidad y con ello deshizo el empate y se aprobó la resolución que declaró inconstitucional los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica.
El ministro Dayán violó la legalidad, porque el voto de calidad no es aplicable cuando se trata de resolver el fondo del asunto, como era este caso, lo cual reprobó el diputado Sandoval Flores y evidencia de manera clara y rotunda la necesidad y conveniencia de reforma al Poder Judicial Federal.
