*Violan el tope salarial constitucional 2 mil 377 funcionarios de SCJN: ministra.
De la redacción
La resistencia de ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial Federal a la reforma a ese Poder se explica principalmente por los altos sueldos que reciben, violatorios del tope salarial fijado por el artículo 127 constitucional y la Ley de Remuneración de los Servidores Públicos.
Dejar sus cargos les representaría perder los privilegios, por lo cual las y los juzgadores iniciaron un paro igualmente ilegal, por no apegarse a los procedimientos fijados por la legislación laboral; es decir, también la violan.
Según información proporcionada por la ministra Lenia Batres Guadarrama, mal vista por la mayoría de sus pares por haber renunciado a los montos de ingresos que exceden lo que manda la Constitución, la cúpula de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) disfruta de ingresos muy superiores a lo marcado en la Constitución.
Para dimensionar ese monto salarial, “El Espectador” recurrió a un simple ejercicio aritmético y comparó los ingresos de un trabajador del salario mínimo, de 7 mil 141 pesos al mes mínimo, con lo de una ministra o ministro, de 792 mil pesos cada 30 días. El primero debe trabajar 9 años y medio para obtener lo que ellas y ellos perciben tranquilamente en un mes
La desproporción es descomunal si la paga mínima legal se compara inclusive con la de magistradas o magistrados, de 464 mil pesos y de titulares de juzgados federales de distrito de 376 mil pesos al mes.
La desmesura es ofensiva para la población y violatorio de la Constitución, que prohíbe cobrar a los servidores púbicos más de lo que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador, unos 200 mil pesos al mes brutos, y netos, 140 mil.
No sólo superan los ingresos del mandatario por algún porcentaje moderado, sino que cobran casi 4 veces lo que éste. Violan la Constitución, cuya vigencia y aplicación es una de las principales responsabilidades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta es la razón por la cual se fueron a un “paro loco”, porque no cumplieron con los procedimientos que establece el apartado “B” de la Ley Federal del Trabajo y la legislación reglamentaria correspondiente.
Y explica igualmente que la ministra Norma Lucia Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su calidad de presidenta también del Consejo de la Judicatura Federal, haya respaldado la suspensión ilegal de actividades de magistradas, magistrados, juezas, jueces y trabajadores de los tribunales y juzgados.
Batres Guadarrama reveló que unos 700 altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación, que no desempeñan funciones jurisdiccionales, también ganan más que el presidente de la República, en abierta violación a la Máxima Norma del país.
