COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
EL COLMO, LOS QUE ESTÁN PARA GARANTIZAR
LA VIGENCIA DE LA COSTITUCIÓN, LA VIOLAN
No se necesita conocer mucho de derecho laboral para saber que las suspensiones de actividades exigen el cumplimiento de requisitos previos y que cuando no se satisfacen, los casos son del tipo denominado “paro loco”, fuera de la legalidad y cuyos participantes, si dejan de laborar tres días en un período de 30, pueden ser despedidos sin responsabilidad para sus patrones. En el pasado, cuando en el movimiento sindical surgieron luchas por la democratización de las organizaciones, miles de asalariados perdieron sus empleos.
Lo que están haciendo los trabajadores del Poder Judicial Federal, pero sobre todo, los titulares de juzgados de distrito, tribunales y ahora, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), son “paros locos”, con la agravante de dejar deliberadamente de administrar justicia que, constituye el delito de obstrucción de ésta e incurren en responsabilidad al dejar de cumplir con sus obligaciones, con la agravante de que los protagonistas son quienes están obligados y obligadas a aplicar la ley.
Los trabajadores incurren en “paro loco”, pero el problema es que éstos se dan cuando se reclaman derechos laborales, violados por un patrón. Y no es el caso, porque la suspensión de actividades desde el lunes de la semana pasada no fue contra los mandos del Poder Judicial, sino para pedir, exigir, que el Poder Legislativo Federal suspenda y abandone el proceso de reforma al Poder Judicial, con lo cual adicionalmente invaden funciones de ese Poder.
Peor es el caso de 8 de 11 integrantes de la SCJN, comenzando por su presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, quienes decidieron igualmente ponerse en paro; es decir, en “paro loco”, retrasando y obstruyendo la impartición de justicia, por lo cual cobran mensualmente cerca de 800 mil pesos. Se oponen a que la representación popular del país ejerza sus facultades de modificar leyes, para lo cual Morena y sus aliados tienen mayoría calificada.
La iniciativa de reforma constitucional para que titulares de juzgados, de tribunales y ministros sean electos por el pueblo ya fue aprobada en la Cámara de Diputados Federal y está en estudios en el Senado de la República, y si obtiene la mayoría calificada, pasará a las legislaturas locales, de las que 17 deben darle el visto bueno para que pueda promulgarse y entrar en vigor. Eso pondría fin a los groseros y anticonstitucionales privilegios que tienen estos funcionarios judiciales que serían relevados.
Esos ingresos 4 veces mayores al límite fijado por la Constitución, que no debe rebasar lo que gana él o la titular del Poder Ejecutivo Federal, violan permanente la Máxima Norma del país, cuya vigencia debe garantizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se trata del tribunal constitucional. Respetarla y hacerla respetar, pero no la cumple en materia salarial y la viola también al obstruir la impartición de la justicia con el “paro loco”.
Los jerarcas del Poder Judicial Federal aducen que el Poder Judicial Federal es apolítico, pero su movimiento y especialmente los “paros locos” constituyen una presión para que no se aprueben los cambios a la Constitución “Política” de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual destroza el argumento del carácter no político de la institución, además de que las presiones expresadas con la suspensión de actividades, constituyen delito, por parte de quienes están para castigar los delitos, en un atropello al Estado de Derecho.
Desde el Poder Ejecutivo Federal se señala que el Poder Judicial está al servicio de oligarquía, y el respaldo que su movimiento ilegal está recibiendo concede razón a ese señalamiento. Los apoyadores del movimiento de juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros son las organizaciones empresariales nacionales y extranjeras. No hay respaldo popular, porque la población ha padecido la injusticia y la corrupción en los juzgados y tribunales.
También cuentan con el respaldo incondicional de la casi totalidad de los grandes medios informativos y sus periodistas, quienes en las entrevistas que hacen a los paristas jamás los cuestionan sobre la ilegalidad de sus paros, ni de la carencia de facultades constitucionales para invadir las del Poder Legislativo Federal, al tratar de impedirle que concluyan el trámite de la reforma constitucional ni muchos menos sobre la violación permanente a la Constitución, porque cuidan los mismos intereses oligárquicos.
