*Aún se prevén maniobras de la oposición para intentar frenar, por principio, su publicación en el DOF.
De la redacción
La Cámara de Diputados Federal hizo esta tarde la declaratoria de la reforma constitucional, y envió el expediente al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación de los cambios constitucionales. Antes hizo lo propio el Senado de la República, después de que 22 legislaturas locales habían aprobado la minuta que les envió el Senado, entre ellas, la de la entidad mexiquense.
Esta reforma incluyó adiciones, derogaciones y cambios a diversas disposiciones de la Máxima Norma del país, y se tiene previsto que el próximo domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador publique la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo cual entraría en vigor de inmediato.
Sin duda alguna, el aspecto más relevante de la reforma al Poder Judicial Federal es la elección de titulares de juzgados y tribunales, de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la reducción de 11 a 9 las plazas de ministras y ministros, la supresión del Consejo de la Judicatura Federal y su sustitución por un Tribunal Federal de Disciplina, con un área administrativa y una disciplinaria.
La Cámara de Diputados Federal desahogó en pocos minutos el asunto, ante la ausencia de los diputados federales del PAN, PRI y MC, quienes adujeron que el trámite de la iniciativa del caso fue ilegal y que la combatirán por la vía del amparo. Tampoco asistieron a la sesión del Senado, por los mismos motivos esgrimidos.
El segundo juzgado de distrito de Colima amparó a particulares inconformes con la reforma, y lo en forma sorprendente porque contra las reformas constitucionales no hay amparo y, consecuentemente, no puede haber suspensión provisional, como el otorgado a “Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”, para que el presidente de la República no publique los cambios constitucionales en el Diario Oficial de la Federación. La Constitución y la Ley de Amparo lo establecen.
Ernestina Godoy, senadora y próxima Consejera Jurídica de la presidencia de la República, aclaró que este tipo de amparos son improcedentes, y sólo se trata de un intento de mantener privilegios y la opacidad en el Poder Judicial Federal.
