*Su trámite fue obstaculizado por la oposición y los medios informativos.
De la redacción
La mayoría del cuerpo ministerial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces, juezas, magistradas y magistrados, con apoyo abierto de la oposición y de los grandes medios informativos, opusieron férrea resistencia al proceso legislativo de reforma al Poder Judicial Federal, con actos que constituyeron delitos, por los cuales pueden y deben ser sancionados.
De todos modos, con apuros y de última hora, el Senado de la República aprobó la madrugada del miércoles 11 de este mes esa reforma con mayoría calificada, y tenía garantizada de antema su aprobación en más de 17 legislaturas locales, necesarias para que entrara en vigor.
Quedó como obligación constitucional la elección directa, universal y secreta de todos esos funcionarios, aunque en el caso de los titulares de juzgados y tribunales será primero con la mitad.
La aprobación de los cambios constitucionales, que redujeron de 11 a 9 el número de ministros, con disminución también del número de años de 15 a 12, se logró en medio de una furiosa campaña mediática de desprestigio, basada en mentiras y presiones directas para que ninguna de las senadoras y senadores de oposición diera el voto que Morena y sus aliados necesitaban para alcanzar la mayoría calificada.
Medios informativos y sus afamados periodistas abandonaron su papel de informar y analizar, para dedicarse de antemano a “satanizar” y etiquetar de “traidor” a quien de los 43 miembros opositores en el Senado faltara a la sesión definitiva o votara de acuerdo a su conciencia.
Titulares de juzgados de distrito y de tribunales unitarios y colegiados por primera vez abandonaron sus funciones, cerraron sus despachos y se colocaron en condición de perpetradores del delito de obstrucción de la justicia, por lo que aun cuando no se hará, pueden ser objeto de juicio político y procesos penales, al no administrar justicia e incurrir en actos fuera de la ley, como la de romper puertas del Senado e intentar impedir el trabajo de otro Poder, precisamente uno que es resultado de la voluntad popular, como lo es el Legislativo Federal.
Fue tanto como si funcionarios del Poder Ejecutivo o del Legislativo federales hubiesen ingresado por la fuerza para impedir una sesión de las ministras o ministros de la SCJN, ante el silencio de la prensa.
La presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández quedó inhabilitada ética legalmente para mantenerse al frente del Poder Judicial Federal, porque alentó la obstrucción de la justicia por parte de jueces y magistrados y de los trabajadores, para sentar el precedente de un “paro loco” cuyos paristas cobran íntegros sus salarios y, para colmo, se dan un fin de semana largo con plena impunidad, justo dos de los fenómenos que impulsan la reforma: la falta de justicia y la impunidad.
