*Rindió su cuarto informe de actividades el titular del OIC de UAEMéx.
De la redacción
El Órgano Interno de Control (OIC) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) cumple su función de regular, a través de la vigilancia y fiscalización, la correcta aplicación de los recursos financieros, materiales y humanos de la institución, destacó el titular del ente universitario, Victorino Barrios Dávalos.
Al rendir su cuarto informe de actividades, ante los integrantes del Consejo Universitario, que preside y con la presencia del rector Carlos Eduardo Barrera Díaz, explicó que el Órgano Interno de Control “no constituye parte de las facultades de autogobierno de la Máxima Casa de Estudios mexiquenses, sino que conforma una estructura externa que pertenece a una instancia coordinadora, creada por mandamiento constitucional, establecida con una finalidad específica”.
Tiene facultades para efectuar amonestaciones públicas o privadas, sanciones económicas, suspensión de 1 a 30 días naturales, de 30 a 90 días. Destitución, inhabilitación de 3 a 12 meses.
En faltas graves puede ordenar destituciones, inhabilitaciones 10 años, aplicar sanciones económicas de hasta dos tantos de los beneficios e indemnización para reparar la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados.
Barrios Dávalos dio a conocer que durante 4 años el OIC recibió 925 denuncias, de las cuales las principales causas fueron la no declaración, daño al patrimonio, violación a la norma, entre otros.
De las denuncias se concluyeron 46 expedientes del caso “Estafa maestra” en la UAEMéx, los cuales fueron notificados a la Auditoría Superior de la Federación. Se detectaron 4 principales irregularidades:
Contratación de servicios sin capacidad para ejecutarlos; subcontrataciones mayores al 49 por ciento; no observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y servicios pagados y no ejecutados.
El OIC tramitó 168 expedientes por “indemnización de riesgo psicosocial”, concepto no autorizado. Fueron citados 139 servidores públicos. El monto involucrado del año 2022 fue de 16.3 millones de pesos, y de 13.3 millones, en el 2023.
Para el período del informe se lograron 5 sentencias sobre el caso de los académicos de tiempo completo quienes no se consideraban a si mismos servidores públicos y que, por lo tanto, no tenían obligación de presentar su manifestación de bienes.
En una, por mayoría, un tribunal colegiado de circuito les concedió razón; en la segunda, por unanimidad, otro tribunal falló en sentido contrario, lo cual dio lugar a una jurisprudencia que resolvió la contradicción de los laudos y dejó establecida la condición de servidores públicos de los académico y la obligación de rendir cuentas.
