*El expresidente atacó la reforma judicial sin el menor asomó de autocrítica: él subyugó al judicial y lo moldeó a su conveniencia.
De la redacción
A 12 días de dejar el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador es víctimas de rudos ataques, especialmente del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León y del ex secretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por pertenecer y proteger al “Cartel de Sinaloa”.
El exmandatario, quien desmanteló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en enero de 1995, con la renuncia y jubilación de los 26 ministros de ese tiempo, y designó a 11 ministros con la mayoría calificada que tenía el PRI en la Cámara de Diputados Federal y el Senado de la República, ahora llamó autoritario y consideró traición y felonía del presidente Andrés Manuel López Obrador, por haber impulsado una reforma al Poder Judicial federal, cuyo punto central es la elección de titulares de juzgados y tribunales y de los ministros.
Reprobó el expresidente lo que consideró un uso abusivo de la mayoría legislativa de Morena y sus aliados (85 senadores), cuando durante su sexenio el PRI tuvo 95 senadores, y ni por equivocación habló de su reforma constitucional que dejó durante casi un mes sin ministros al tribunal constitucional, como se denomina también a la Corte.
Igual de grotesca fue la acusación de García Luna. En una carta dijo que es público que el presiente López Obrador tuvo contactos con narcotraficantes, y que existen pruebas documentales, videos, audios y conversaciones. El mandatario saliente le pidió que presente esas pruebas, porque sus aseveraciones no las respalda con nada.
Lo cierto es que si existieran esas pruebas, la ultraderecha empresarial, su operador político Claudio X. González, los dirigentes del PRI y del PAN ya hubiesen denunciado penalmente al tabasqueño, aprovechando que no tiene fuero constitucional, porque promovió reforma a la Constitución para que le retirarán esa protección que gozaban los titulares del Poder Ejecutivo Federal, pero no lo han hecho.
No obstante, el reducido número de 152 grandes empresarios, quienes se enriquecieron con el tráfico de influencia durante 6 sexenios neoliberales, y a los cuales Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto les perdonaron más de 400 mil millones de pesos que debían pagar sobre sus ganancias, buscan desquitar su enojo y empañar la imagen del presidente López Obrador, cuyo período constitucional terminará el lunes 30 de este mes.
