
*En la etapa de reconstrucción del gobierno de EPN no se avanzó y hubo corrupción.
De la redacción
Los sismos del 2017 dañaron 74 mil 277 inmuebles en 10 entidades federativas del país, cuya reconstrucción por parte del gobierno que terminó el 31 de agosto último requirió una inversión cercana a los 34 mil 500 millones de pesos.
Al terminar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se llegó un avance promedio cercano al 99 por ciento en la restauración de los daños, pero miles de inmuebles fueron ya restaurados.
Entre las edificaciones afectadas por los terremotos hay planteles escolares, instalaciones e infraestructura para la atención de la salud, viviendas, palacios municipales, casas de cultura y recintos dedicados al culto religioso, informaron quienes estuvieron al frente de estos trabajos.
Un alto porcentaje de los inmuebles religiosos afectados corresponden al estado de Oaxaca, pero también fueron dañados en la Ciudad de México, como fue el caso de la Catedral Metropolitana, que por la naturaleza de la edificación fue necesario contratar personal altamente especializado en la materia.
En el Estado de México el Programa Nacional de Reconstrucción de inmuebles se aplicó en 25 municipios, y los daños prácticamente quedaron arreglados, inclusive un alto porcentaje de los edificios están ya de nuevo en servicio.
Dicho Programa lo ejecutaron varias dependencias federales, en coordinación con autoridades estatales, y en el caso de la entidad mexiquenses el presupuesto costó a la federación 2 mil 700 millones de pesos, y entre los edificios religiosos cuyo restauración y reconstrucción fue más compleja destaca el templo del Divino Salvador, de Malinalco, una joya de la arquitectura colonial.
LA RECONSTRUCCIÓN TUVO CORRUPCIÓN
La etapa 2017-2018 de la remediación de los daños ocasionados por los sismos padeció corrupción, de lo cual el mejor ejemplo fueron los contratos para la demolición de edificios.
En la propia capital de la República los responsables del Programa detectaron contratos de hasta 500 por ciento de sobreprecio sobre las cotizaciones del mercado. El gobierno de Enrique Peña Nieto firmó contratos con empresas particulares para demoler inmuebles que fueron pérdidas totales y no podían reconstruirse, pero el problema es que les pagó precios excesivos.
Los funcionarios de las dependencias de la administración federal encargadas del Programa Nacional de Reconstrucción revelaron que llegaron a contratar empresas del ramo que cobraron 3 mil pesos por cada metro cuadrado de edificios demolidos.
Más de 6 años después, este año se pagaron 500 pesos por metro cuadrado demolido; es decir, el sexenio 2012-2018 pagó un sobreprecio del 500 por ciento. Hasta en la reconstrucción en estos trabajos se padeció la corrupción.