*El quebranto patrimonial fue inflado para atacar al gobierno de AMLO.
De la redacción
El gobierno mexicano continúa los trámites para lograr la extradición de un alto exfuncionario del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), involucrado en un daño patrimonial de 2 mil 700 millones de pesos. Además, recuperaron cerca de mil millones de pesos.
Fue el mayor escándalo de corrupción detectado del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo monto fue inflado con fines de golpeó político contra la administración.
En numerosas ocasiones desde la tribuna de la Cámara de Diputados Federal y del Senado de la República el caso fue utilizado políticamente. Se infló el monto y la oposición, incluyendo a su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, sostuvieron que se trató de un monto de 15 mil millones de pesos.
Casi todos los medios informativos difundieron profusamente y analizaron como real el monto de 15 mil millones de pesos, para impresionar con la suma, la cual fue elevada pero lejos de la mencionada con insistencia por los opositores y periodistas.
La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) informó por cuando era presidente, López Obrador ordeno que se diera a conocer el monto exacto de los fondos públicos que no se acreditaron en tiempo y forma, por lo que se consideró un daño patrimonial y se ejerció acción penal.
Se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) 156 denuncias penales, de las que se derivaron 47 órdenes de aprehensión, y que fueron vinculadas a proceso 26 personas.
Los exfuncionarios que están sujetos a proceso penal son el ex titular de administración y finanzas y el director comercial del organismo, además de quien fue responsable del área de operación de Diconsa, una de las empresas públicas que integran SEGALMEX.
Lo notable en estas acciones del ejercicio penal es que 7 particulares, cuyas empresas participaron y se beneficiaron de los actos de corrupción están vinculados a proceso, con 9 exfuncionarios, con quienes se coludieron para saquear las arcas de del organismo, creado en este sexenio para apoyar la producción y comercialización de alimentos de origen rural.
Casi siempre que se procesa a servidores o servidores públicos quedan desprestigiados, mientras los empresarios que participan en sus actos de corrupción y se benefician más de los daños al erario, quedan sin su honor tocado.
Ahora enfrentan cargos graves como delincuencia organizada, “lavado de dinero”, defraudación fiscal, mientras a los exservidores públicos adicionalmente les fincaron cargos de, ejercicio indebido de atribuciones, y enriquecimiento ilícito.
