COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
MALO EL SILENCIO OFICIAL SOBRE RENUNCIA DE FUNCIONARIO
CLAVE EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO
Más de 5 meses después de un paquete de denuncias por delitos graves de corrupción, presentadas contra quienes fueron altos funcionarios de los gobernadores Eruviel Ávila Villegas y Alfredo del Mazo Maza, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha dado a conocer avances de sus investigaciones a los presuntos corruptos, quienes habrían desviado en su beneficio cientos o tal vez miles de millones de pesos.
En cambio, el encargado de haber presentado las denuncias penales en junio, Luis David Fernández, anunció en sus redes sociales su renuncia a la Subsecretaría de Control y Auditorías de la Secretaría de la Contraloría, en una situación que inexplicablemente no oficializó de inmediato el Poder Ejecutivo mexiquense, cuando no fue una dimisión más, sino la del encargado de una posición de importancia estratégica para la lucha contra la corrupción, principal bandera del gobierno federal, Morena y la cuarta transformación.
A mediados de año, en junio, el ahora exsubsecretario de Control y Auditorías anunció que el paquete de solicitud del ejercicio de la acción penal contra ex funcionario incluyó delitos graves, como enriquecimiento ilícito, robo, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y un rosario de ilegalidades, como gastos en compra de bienes y servicios no prestados, y obras públicas no ejecutadas, con daños al patrimonio estatal.
En su reporte de ese mes, Luis David Fernández destacó que esas denuncias penales fueron resultado de un arduo y vasto trabajo de fiscalización (tal vez el más grande en la historia estatal), que incluyó 15 mil 628 acciones, desglosadas de la siguiente manera: 842 auditorías; 4 mil 435 declaraciones, 3 mil 830 reuniones con testigos o presuntos corruptos. En el trabajo de auditorías participaron entidades fiscalizadoras ajenas a la Secretaría de la Contraloría.
Si efectivamente se efectuó ese trabajo, el ahora ex funcionario debió ser víctima de los poderosos intereses políticos y económicos involucrados en la descomunal corrupción que caracterizó a los dos últimos sexenios, lo cual sería grave para la comunidad mexiquense, porque la salida de Luis David Fernández habría respondido a una maniobra para proteger la corrupción del pasado; sobre todo, porque habría evidenciado la protección que esa corrupción recibió del Poder Legislativo, incluyendo los seis años en que fue dominado por Morena.
La otra hipótesis consiste en que no hubo tal trabajo o que fue deficiente, como endebles las pruebas que acompañaron las denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo cual resulta socialmente exigible que el Poder Ejecutivo del Estado explique los motivos de esta renuncia de un funcionario clave en la lucha contra la corrupción, como lo demandan la transparencia y la rendición de cuentas.
No hace muchas semanas fue dado a conocer, en forma escueta, la renuncia de otro subsecretario, quien tenía a su cargo la administración y finanzas de la Secretaría de Educación, Cultura e Innovación (SECTI), el área que ejerce el mayor presupuesto de todas las dependencias del Poder Ejecutivo mexiquense. Y antes había ocurrido lo mismo con un subsecretario de la Secretaría de Finanzas. Las tres dependencias tienen cuestionamientos sobre su desempeño en los sexenios anteriores y el actual.
En todos los casos ha faltado información sobre los verdaderos motivos de las renuncias, y ello que no es bueno para el Poder Ejecutivo, ni para la sociedad estatal, pues han sacrificado la transparencia y la rendición de cuentas, sustituidas por la opacidad, como si no se quisiera irritar a los intereses políticos y económicos que dañaron al patrimonio de los mexiquenses durante casi un siglo y sí, darles impunidad a los corruptos del pasado inmediato.
