*La privatización fue extrema, en perjuicio de 3.2 millones de trabajadores
De la redacción
El Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fue el ejemplo acabado de la privatización -llevada a extremos- de la atención de la integral salud de los 3.2 millones de afiliados, quienes con sus familiares y jubilados suman 9 millones 300 mil personas.
Se llegó a tanto en la desestatización del organismo que para contratar a las empresas privadas que se encargarían de brindar los distintos servicios a la población protegida se recurrió a intermediarios.
Es decir, le pagaron a particulares para que buscarán a quienes debían rentar quirófanos, equipo médico, laboratorios de rayos X, laboratorios de otros análisis médicos y hasta lámparas para iluminar las tareas de intervenciones quirúrgicas.
Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto, dio a conocer el nivel de privatización que se sufrió; es decir, sus autoridades ni siquiera se preocupan de escoger a quien le contrataban los servicios que debían prestar por obligación legal las distintas áreas del ISSSTE.
El organismo atiende la salud y otorga diversos servicios garantizados por la legislación aplicable, pero en el período neoliberal fue vaciado de su contenido social y sus actividades fueron privatizadas.
Hasta las lámparas de los quirófanos eran rentadas a empresas, con la agravante de que cuando se fundían “nadie se tomaba la molestia de reponer el foco”, según el análisis de los problemas encontrados en el Instituto en diciembre de 2018.
Las fallas en las lámparas de quirófanos no permitían hacer operaciones, con lo cual el impacto negativo en la atención de los pacientes necesitados de una operación era muy grave, mientras las empresas privadas contratadas se hacían multimillonarias.
En su momento, el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador reveló que directivos del ISSSTE creaban empresas y las ponían a nombres de terceros, para asignarse contratos.
Si en el sector público de salud la corrupción alcanzó niveles escandalosos, con la compra de medicamentos con sobreprecios de hasta mil por ciento, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el saqueo mediante la privatización de sus áreas fue despiadado.
Las ambulancias para el traslado de enfermos, incluyendo las acondicionadas para transportar a pacientes en estado grave, se alquilaban a particulares, lo mismo que las camillas, los ventiladores, y hasta las sillas de ruedas, mediante contratos leoninos, en perjuicio, al fin de cuentas, de los derechohabientes.
De la misma forma se alquilaban con altas tarifas los vehículos para sus funcionarios. Seis años después de que comenzó el proceso de “nacionalización”, como le dice Batres Guadarrama a la recuperación de todos los servicios para que los presta directamente el organismo, no se ha erradicado al ciento por ciento el problema, reconoció.
