PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS
EN ISSSTE NO DEBE REPETIRSE
DESPUÉS DE 6 AÑOS DE INICIADO EL SANEAMIENTO
DEL ISSSTE, QUEDAN RESIDUOS DE LA CORRUPCIÓN
La corrupción es condenable en cualquier área de gobierno, pero lo es mucho más cuando el fenómeno involucra fondos públicos destinados a la atención de la salud, por tratarse de a afectación de lo más valioso de las personas: su vida y salud. En estos casos la desviación de fondos públicos para acumular fortunas descomunales alcanza categoría de acciones criminales.
Eso ocurrió durante 36 años del período neoliberal en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en perjuicio de 3.2 millones de afiliados, pero contando a jubilados y familiares de unos y otros, las víctimas de la afectación sumaron 9.3 millones de mexicanas y mexicanos.
El cáncer de la corrupción no dejó áreas gubernamentales libres de su presencia, pero fue en el sector público de salud donde alcanzó los más altos niveles, propiciada desde el poder público, en beneficio de empresarios igualmente corruptos, amigos o socios de los encargados de asignar los contratos de adquisición de bienes y servicios con cargo de los fondos públicos.
Dentro de las instituciones y organismos de salud, fue en el ISSSTE donde la rapacidad de autoridades y empresarios alcanzó niveles de escándalo, según información de los dos directores y una directora general del organismo en 6 años, que en esfuerzos interinstitucionales emprendieron el saneamiento del Instituto.
Del ISSSTE como institución de salud sólo se conservaban sus siglas, porque todo estaba privatizado, según informó su nuevo director, Martín Batres Guadarrama, quien reconoció que ha sido difícil el saneamiento y “nacionalización”; es decir, la recuperación de las áreas y servicios que estaban en manos particulares y fueron rescatadas por el gobierno.
La prestación de los servicios que debía proporcionar el ISSSTE corrían por cuenta de empresas privadas, y en esto se llegó a tanto que sus directores del período neoliberal no compraron ni siquiera camillas y sillas de ruedas. Prefirieron rentarlas, como parte del esquema aplicado para saquear a la institución.
Martí Batres Guadarrama, un hombre que viene de las luchas estudiantiles en la UNAM, pasando por la militancia y dirigencia partidista, cargos de elección popular y en la administración pública, dio un dato que pareciera irrelevante, pero que refleja la gravedad de la situación generada en el organismo.
Las autoridades del ISSSTE pagaban a particulares para que se encargaran de contratar empresas que alquilaban bienes y servicios, que deberían comprar y ser propiedad de la institución. Eran mecanismos para apoderarse de los fondos públicos, los cuales encarecían la operación y deterioraban la calidad y oportunidad de los servicios prestados, sin importar el daño a los servicios de salud de millones de trabajadores activos y jubilados del ISSSTE y sus familiares, ante la indiferencia de los dirigentes de los sindicatos que los agrupan. Jamás debe repetirse.
