*La denuncia penal lo exhibe y deteriora más la imagen de González Yáñez.
De la redacción
Desde que Carlos Salinas de Gortari le pidió al gobernador sustituto Ignacio Pichardo Pagaza ayudarle a constituir al Partido del Trabajo (PT) en el Estado de México, un entonces joven Óscar González Yáñez se encumbró en la dirigencia de la nueva organización política.
La controló sin contrapeso y al último la manejó como si fuera una empresa personal, aun cuando formalmente otros la dirigían; sobre todo, en el tema de los dineros públicos, recibidos con el eufemismo legal de “prerrogativas”.
Duró mucho tiempo, pero sin desarrollar tareas de afiliación, ni de organización horizontal, al grado de que en 2017, cuando González Yáñez fue candidato a gobernador, recibió menos votos que la candidata independiente a mandataria, Teresa Castell de Oro Palacios.
El año pasado, por integrar el PT la coalición que ganó la gubernatura, se esperaba que fortaleciera su dominio sobre la organización partidista, inclusive que fuera integrante del gabinete de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Declinó ser funcionario, porque económicamente era más redituable manejar las prerrogativas, las más elevadas de su historia, por los votos que le ayudó a ganar Morena ese año.
No obstante, esa misma bonanza hizo a la dirigencia nacional abandonar su indiferencia de más de 30 años respecto del manejo del PT en suelo mexiquense por parte de González Yáñez. Le retiraron el manejo de las prerrogativas y lo alejaron del mando fáctico que ejercía. La dirigencia nacional envió a un delegado especial con funciones de dirigente estatal.
Los representantes naciones petistas le permitieron ser diputado local y coordinador de sus pares en la Legislatura Local, pero lo excluyeron del control del dinero que reciben las bancadas legislativas. Nombraron a otro.
Ahora el alcalde de Ecatepec con licencia y diputado federal, quien se incorporó al petismo, denunció penalmente a González Yáñez por usurpación de funciones, por haber firmado documentos como coordinador de afiliación del citado partido en la entidad, cartera que tiene el denunciante.
Parece extremadamente difícil que la acusación penal prospere contra el legislador, porque el delito de que lo acusan es aplicable a los servidores públicos, que se exceden de sus funciones o toman decisiones que no les corresponden, no a un dirigente partidista.
No obstante, los hechos denunciados tendrán efectos negativos para la imagen del diputado González Yáñez, porque lo presentan como un político sin escrúpulos, aferrado al poder partidista, con violaciones a las normas estatutarias.
