*Antes lo decomisado por Aduanas se incineraba “para no hacer competencia desleal”.
GABRIEL L. VILLALTA
La entrega a los pueblos más pobres y marginados del país de los bienes decomisados en las aduanas a contrabandistas; y por el SAT, a evasores fiscales, iniciada en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, continuará en el presente sexenio.
Esta decisión adoptada, que incluyó el cambio de nombre al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) a Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, está aprovechando bienes nuevos -que antes se incineraban- para beneficiar a las familias de los pueblos de mayor marginación y pobreza.
En los primeros 5 años del sexenio anterior los bienes entregados en los llamados “Tianguis del Bienestar” llegaron a 10 millones, en beneficio de cientos de miles de familias pobres.
Las autoridades del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado informaron que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó continuar con este programa, para las familias más pobres de las zonas rurales, aunque no se descarta extenderlo a las periferias de las grandes ciudades, donde también hay familias pobres y excluidas del bienestar.
El aprovechamiento de estos bienes confiscados o decomisados es el objetivo estratégico, pero adicionalmente su reparto liberó al gobierno de pagar rentas por la bodegas donde se almacenaban.
La desisión también alivia las finanzas públicas, pues por estos inmuebles se pagaban alquileres excesivamente altos, muy por encima de los precios promedio del mercado, por la corrupción de los funcionarios.
Los bienes permanecían años y cuando las bodegas se saturaban, los sacaban y los destruían (o se supone que lo hacían). En el caso de las telas, se incineraban, mientras millones de familias pobres no podían satisfacer sus necesidades de calzado, ropa y electrodomésticos.
Las autoridades explicaron que en los gobiernos neoliberales se recurrió a falacias para justificar la destrucción de los bienes confiscados o decomisados. Se difundió que debía procederse así para no hacerle competencia a la industria establecida.
Nada de eso era verdad, como se demuestra ahora: las familias más pobres de las regiones más apartadas del país no disponían, ni disponen de ingresos para comprar electrodomésticos, por lo que recibirlos gratis en los Tianguis del Bienestar no representa competencia desleal, ni leal al comercio establecido.
En cambio, obtienen los beneficios de ropa nueva, calzado, electrodomésticos, y el gobierno federal ahorra dinero porque en el colmo de la insensibilidad, había corrupción en los alquileres de bodegas, rentadas a precios exagerados y adicionalmente se pagaba por destruir los bienes confiscados o decomisados. En el caso de las telas, eran incineradas, para evitar que si quedaban trozos utilizables, fueran a parar a manos de la población.
La entrega gratuita de productos en los Tianguis del Bienestar es organizada por las secretarias de la Defensa Nacional (SEDENA), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina (SEMAR); de la Función Pública, ahora de Combate a la Corrupción, la Guardia Nacional (GN), el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y el organismo que controla las aduanas.
