*Fue detenida en un operativo coordinado contra la delincuencia en Edoméx.
De la redacción
El Poder Judicial tiene hasta el próximo sábado para resolver la situación jurídica penal de la alcaldesa de Amanalco de Becerra y de 5 mandos policiacos municipales y un funcionario del DIF de Tonatico, esposo de la alcaldesa en funciones. La defensa de los indiciados solicitó la duplicidad del término constitucional y el juzgado que atiende estos casos lo concedió ayer.
No es difícil pensar que recibirán auto de vinculación a proceso, dado que la y los detenidos lo fueron en cumplimiento de órdenes de aprehensión; es decir, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó indicios suficientes para presumir la existencia de los delitos y la presunta responsabilidad de los acusados.
Al margen de ello, es notorio y preocupante el involucramiento en los delitos de quien era presidente del DIF de Tonatico y cónyuge de la gobernante municipal, porque evidencia el grado de infiltración de las organizaciones criminales hasta en organismos de alto contenido social, como lo es el sistema dedicado a apoyar a los segmentos más vulnerables de la sociedad.
Es grave la protección de autoridades de cualquier nivel y naturaleza, pero lo es más en los casos de organismos e instituciones que se supone no están, ni deberían estar vinculados con la delincuencia organizada, como es el caso objeto de esta información que circula desde el fin de la semana pasada.
Las esposas o esposos de alcaldes y alcaldesas, por regla general asumen las presidencias de los DIF municipales, y lo hacen con el título de “honorario” u “honoraria”, pero en la práctica son quienes deciden el destino de los presupuestos y reciben ingresos, muchas veces mayores que los de las propias o propios jefes de los cabildos. Por ello no puede verse sin preocupación lo ocurrido en Tonatico.
