COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
DESEABLE QUE LA ELECCIÓN DE IMPARTIDORES
DE JUSTICIA LOGRE LOS FINES QUE SE PERSIGUEN
El lento proceso de inscripción de aspirantes a candidatos de juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros parecía conducir al fracaso al proceso electoral. Pocos días antes de vencer el plazo para cubrir este primer requisito en los poderes Ejecutivo y Judicial eran pocas personas interesadas en ser tomadas en cuenta para participar en la fase selectiva y en la consulta popular para decidir esas posiciones.
Las cosas cambiaron radicalmente en los últimos tres días y en la noche del domingo 24 las solicitudes fueron presentadas en forma masiva, hasta acercarse a 50 mil el número total, cuando los cargos a elegir no llegan a 900. Las y los titulares de juzgados de distrito y tribunales de circuito que busquen participar en este proceso no concursarán por las candidaturas. Tendrán pase automático, es decir, no competirán para ser postulados, aunque de todos modos al final deberán competir por los cargos en disputa, sean los que ocupan o por otros, porque juezas y jueces podrán buscar las magistraturas y hasta ir por los puestos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En cuanto al número de aspirantes a las candidaturas, si antes el problema era que había pocas personas interesadas, ahora la dificultad es que son demasiados, por lo cual no será sencillo procesar la fase selectiva, porque deben evaluar a cerca de 50 mil profesionales del derecho, y la meta era que fueran menos de 17 mil los registrados en los tres poderes. Había opiniones en el sentido de que sería difícil en extremo hacer la selección con este último número, por lo que ya es de imaginar lo que será desahogar el primer número; sobre todo, porque se trata de que se seleccione a los mejores perfiles.
La ventaja será la de que entre tantos profesionales del derecho habrá mucha tela de donde cortar, como sostiene el dicho popular; es decir, si hay rigor y objetividad de los seleccionadores y seleccionadoras a partir del primero de septiembre del próximo año tendremos a los primeros impartidores de justicia electos por el pueblo, no favorecidos por el tráfico de influencia y el nepotismo, propio de esa concepción patrimonialista de los espacios de poder.
Antes de esta fase del proceso hubo una feroz resistencia a la reforma al Poder Judicial Federal y en esto, impartidoras e impartidoras de justicia y 7 de los 11 ocupantes de cargos de ministras y ministros ocasionaron grande daño al estado de derecho y a la imagen de la institución, porque en los casos de titulares de juzgados de distrito y tribunales de circuito, con el respaldo de la cúpula de la SCJN y especialmente de la presidenta, Norma Lucia Piña Hernández, convertida en activista de ese de violar las leyes, cerraron los sitios donde se administra justicia, en paros de actividades o “paros locos”.
Obstruyeron la justicia, lo que es un delito e incumplieron con el principio de legalidad, según el cual los servidores públicos sólo pueden hacer lo que expresamente les autoriza la ley, y ésta en ningún artículo les permite realizar “paros locos; como lo hicieron; con la agravante de que de todos modos cobraron sus salarios íntegros en los 85 días que obstruyeron la justicia, con el respaldo de los poderes fácticos económicos y mediáticos.
Todo ello con la agravante de que cerraron juzgados y tribunale para quienes buscaban justicia, pero los abrían para otorgarse suspensiones en juicios de amparo contra la reforma constitucional, que sentó las bases de la reforma al Poder Judicial Federal, para lo cual no tienen competencia; es decir, violación sobre violación a la Constitución y las leyes, sin recibir sanción alguna. Les dieron impunidad total.
