AUTOCENSURA, DEPENDER DE PUBLICIDAD OFICIAL
Y BAJOS SALARIOS, PROBLEMAS DE DIARIOS LOCALES
MAXIMILIANO CASTILLO R.
El Estado de México tiene un rico mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, pero los protegidos padecen problemas para vivir dignamente, por los bajos salarios que perciben. El organismo ejerce 36 millones de pesos al año, y hasta hace un año su anterior titular ganaba más que el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dicho Mecanismo es producto de una Ley específica, por la cual grupos de periodistas lucharon desde hace más de 15 años, pero en la práctica se tradujo en una especie de bolsa de trabajo para los amigos, y existe información de que un alto porcentaje de los incluidos en la nómina no se presentaba a laborar; es decir; eran “aviadores”.
Sí, es necesaria la protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, es claro que lo es, pero el problema en el Estado de México no es tanto de represión a la libertad de expresión, porque el poder público no necesita reprimirla, pues cuenta con un factor mucho más eficaz: la autocensura de casi todas las empresas, producto a su vez, de la inconveniente y excesivamente alta dependencia de sus ingresos provenientes de la publicidad gubernamental, de acuerdo con entrevistas con reporteras y reporteros.
En el caso de la delincuencia organizada, los medios informativos dan a conocer noticias sobre este problema, pero no hacen trabajo periodístico de investigación sobre el fenómeno, por lo cual los periodistas no corren riesgos: se da la autocensura, aunque es de otro tipo y por otros motivos diferentes a la anterior.
Confieso que no me entusiasma mucho cuando me piden examinar el periodismo local. Primero, porque no abunda la información sobre el tema, y debe uno buscarla, a diferencia de lo que ocurre a escala nacional, que hay amplia bibliografía sobre la historia del diarismo nacional impreso y electrónico, lo cual facilita el trabajo de análisis.
Aun en estas condiciones, el universo informativo y analítico local necesita protección, pero la base del quehacer informativo de los medios: reporteras y reporteros requieren del poder público otro tipo de respaldo, que no puede otorgar el Mecanismo de Protección, porque no se trata de riesgos, ni de atentados a la libertad de expresión, sino de la precariedad laboral que padecen.
De lo investigado se desprende que lo casos de las informadoras e informadores que reciben el salario mínimo profesional vigente para la actividad, son excepcionales. Es reducido el número de quienes ganan 16 mil 722 pesos mensuales. Y la inscripción al régimen de seguridad social es para muy pocos, por lo que de acuerdo con los consultados y consultadas, estos son los problemas más sentidos del gremio, y las autoridades laborales nada hacen por resolverlos.
Encontramos otras fragilidades del periodismo del Estado de México, el más poblado del país, pero las examinaremos en otra ocasión.
