COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
TAMBIÉN EN EL ESTADO DE MÉXICO SE CREÓ UNA RED
CRIMINAL PARA SAQUEAR FONDOS DEL INFONAVIT
Dos notarios y dos despachos jurídicos mexiquenses, junto con funcionarios del INFONAVIT, serán denunciados penalmente por haber construido y participado en una red criminal para saquear impunemente al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de que el director general del organismo, Octavio Romero Oropeza, presentó una larga relación de actos graves de corrupción.
En el caso del Estado de México, la red criminal vendió a 4 mil 130 trabajadores 495 viviendas, en una acción delictiva que indica el grado de corrupción que prevaleció en el Instituto hasta el 2018. A escala nacional mil 400 viviendas fueron vendidas 12 mil veces, según detalló el director del INFONAVIT, por lo que se presentarán denuncias penales contra funcionarios, notarios,y funcionarios de distintas áreas del INFONAVIT.
Estas acciones corruptas llaman la atención por la forma burda del fraude, que representó la venta de 12 mil viviendas, de las cuales sólo existían mil 400, pero el saqueo fue descomunal, como el despojo de miles de viviendas, mediate juicios amañados e ilegales, porque los afectados que tenían deudas con el organismo no fueron notificados y no asistieron a las audiencias y los jueces daban la razón a despachos de abogados, notarios y funcionarios públicos.
Otro ámbito de actos corruptos lo constituyó el abuso en la fijación de sueldos de los representantes de los trabajadores y de los patrones, pues tenían salarios de hasta 300 mil pesos mensuales, es decir, más que lo que percibe como ingresos la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sin desarrollar actividades y tener horarios de entrada y salida, ni tareas específicas cotidiana, destacó Octavio Oropeza.
Su obligación es la de hablar en nombre de sus sectores; es decir, de los sindicatos de trabajadores y de la clase empresarial mexicana. Otra de sus tareas es la de asistir a las sesiones del Consejo de Administración del INFONAVIT, pero cobran por cada sesión. Y no es un ingreso simbólico, sino que llegan a recibir hasta 90 mil pesos por cada asistencia a esas juntas, adicionales a los salarios que cobran, y que superan lo que gana la mandataria federal.
Para despojar a los trabajadores de sus viviendas, por rezago en los pagos, la organización delictiva ofrecía a las autoridades judiciales domicilios de las víctimas muy lejos de donde vivían. La maniobra permitía notificar la fecha de las audiencias en domicilios o por estrados en otras entidades federativas, por lo que no se enteraban de ello y, al no acudir ante los jueces, perdían los juicios y también sus viviendas.
Los representantes empresariales y de los sindicatos ante el organismo obligaron al anterior director general del organismo a demandar un amparo contra el informe rendido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el cual argumentó que este ente fiscalizador no tenía competencia para auditar al INFONAVIT, porque se trata de un organismo de composición tripartita: gobierno, empresarios y trabajadores.
El gobierno aporta fondos públicos al INFONAVIT, por lo que la ASF puede efectuar auditorías, pero el Poder Judicial de la Federación les concedió la razón y amparó a los representantes de esos sectores, para que la ASF no revise sus cuentas, en una maniobra más, en contra de los intereses de los asalariados.
*Esta columna dejará de aparecer en lo que resta del mes, y se reanudará el primer martes de enero próximo. A nuestros lectores les deseamos unas felices fiestas decembrinas, y lo mejor para ellos y sus familias en 2025.
