COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
RESPONSABILIZAR A PARTIDOS DEL DESEMPEÑO
DE SUS CUADROS EN EL EJERCICIO DEL PODER
Las nuevas autoridades mexiquenses, aun las reelectas, tienen severos problemas por las deficiencias y limitaciones de los servicios básicos, estado de las vialidades, avenidas y calles cubiertas de baches, deudas públicas abultadas, pagos pendientes de cubrir a empleados y proveedores, más la infiltración de grupos criminales en los ayuntamientos, en perjuicio de 18 millones de mexiquenses.
Deben, adicional y globalmente, desembolsar más de 3 mil 500 millones pesos por conflictos laborales perdidos durante varios años, por irresponsabilidad, al no contestar en forma oportuna las demandas presentadas en su contra; no pocas veces, para que amigos, incluyendo “aviadores”, ganen los casos. En total hay 37 mil juicios laborales en curso.
Los problemas no son producto de castigos divinos, sino de ineptitud, corrupción, despreocupación institucional por evitarlas y castigarlas e incumplimiento de obligaciones legales y adquiridas con los gobernados. Y el Sistema Anticorrupción del Estado y Municipios no ha encontrado a un solo funcionario o exfuncionario corrupto, ni siquiera a un triste “aviador”.
Los casos de las alcaldesas María Elena Robles Martínez, de Amanalco; y de María del Refugio Matías Esquivel, de Santo Tomás, quienes enfrentan problemas con la justicia, no les detectaron casos de corrupción, sino de pertenecer a la delincuencia organizada, específicamente, a la “Familia Michoacana”.
Si los sistemas estatales de fiscalización no han reportado utilidad social en la lucha contra la corrupción, ineficacia e ineficiencia, también han fallado las formaciones políticas en las cuales militan alcaldesas y alcaldes mexiquenses de deficiente y corrupto desempeño.
Las organizaciones partidistas no disponen de facultades fiscalizadoras, pero sí tienen la obligación de vigilar que sus cuadros en los mandos municipales actúen de acuerdo con sus respectivos programas de acción, los cuales no autorizan los actos de corrupción, ni la ineptitud, ni la desatención a los problemas colectivos.
Por esa condición, los partidos son corresponsables de los problemas no resueltos por las autoridades municipales surgidas de sus filas. Lo son también de no haber intervenido para impedir que sus cuadros se corrompan.
Nunca han cumplido con esta obligación ética, pero las nuevas condiciones económicas, presupuestales, económicas, sociales y políticas obligan a abandonar esa indiferencia frente a los malos gobiernos que hacen sus cuadros, y deben comenzar a vigilarlos a partir de este trienio, especialmente en lo que hace a la corrupción, ineficacia y desinterés por servir a los gobernados. Y el más obligado es Morena, por su condición de gobernante y para mantener el respaldo popular.
No es posible que ante los desastrosos desempeños de sus gobiernos municipales las organizaciones partidistas se comporten como si fueran ajenas al ascenso a los espacios de poder municipales de las y los jefes de cabildos, y vean para otro lado; y peor aún, que los defiendan ante denuncias, y digan que es persecución política. La permisibilidad debe ser censurada socialmente y terminar a partir de este año.
