*No se permitirá el financiamiento público, ni privado en las campañas.
De la redacción
La Legislatura mexiquense impuso medidas en las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial del Estado de México, para impedir el ingreso y uso de “dinero sucio” en las campañas electorales de candidatas y candidatos a las titularidades de juzgados y tribunales.
Quienes aspiren a ganar los cargos en las elecciones históricas del próximo primero de junio tampoco podrán recibir financiamiento público, lo cual constituye una diferencia con las campañas proselitistas de candidatos a la presidencia de la República, a las gubernaturas, a las senadurías, a las diputaciones federales y locales y a las alcaldías.
En las leyes electorales reglamentarias se establecieron como causales de nulidad recibir fondos públicos para la búsqueda del voto, inclusive aplica esta figura al apoyo de funcionarios públicos.
Para los comicios mencionados, las postulaciones de candidatos y candidatas a cargos de elección popular corren por cuenta de los partidos y coaliciones de partidos, por ello las autoridades de la materia entregan dinero para las campañas.
En la lucha electoral por la titularidad de un juzgado o tribunal del fuero común está prohibida la participación de las organizaciones políticas, y de la misma manera candidatas y candidatos no podrán recibir apoyo económico de particulares.
Con estas prohibiciones será extremadamente difícil el ingreso de dinero proveniente de actividades ilícitas; es decir, de la delincuencia organizada.
También será causal de nulidad de una candidatura recibir dinero de los poderes fácticos económicos, para de esta forma evitar que las futuras(os) juezas, jueces, magistradas y magistrados adquieran compromisos que condiciones sus actuaciones a favor de quienes les financiaron sus campañas.
Como ocurrirá en el Poder Judicial Federal y su cúpula, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por primera vez en la historia las personas juzgadoras serán electas por el voto popular, en lugar otros métodos que permitían el favoritismo, las influencias y compromisos políticos, los mexiquenses elegirán a quienes serán titulares de juzgados y tribunales.
Las autoridades electorales del Estado de México tienen el reto de instalar un número equivalente al menos el 25 por ciento de las casillas que funcionaron en las elecciones de diputados locales y miembros de los ayuntamiento el primer domingo de junio del año pasado, de lo contrario el proceso comicial no sería válido.
