COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
PARECE MACONDIANO, PERO DEBE PREOCUPAR EL
PODER QUE TENÍA LA DELINCUENCIA EN ALCALDES
Al momento de redactar este comentario, Pedro Luis Hernández de Paz, el hombre que ganó la alcaldía de Santo Tomás, mejor conocido por el nombre de su cabecera, Santo Tomás de los Plátanos, seguía libre, prófugo de la justicia. Lo mismo ocurría con su esposa, María del Rosario Matías Esquivel, quien fue alcaldesa en el trienio 2022-2024, a quien iba a relevar en el cargo.
Tienen acusaciones de haber estado al servicio de la delincuencia organizada, específicamente de la “Familia Michoacana”; es decir, realizaban todo lo contrario de lo que su condición de servidores públicos les obligaba hacer. Ella gobernaba el municipio y él atendía la atención a familias vulnerables desde la presidencia del DIF de la demarcación.
Hernández de Paz no pudo asumir el cargo, pero tampoco fue capturado, como se buscaba con una orden de aprehensión. Familiares, amigos, integrantes del cabildo, funcionarios del ayuntamiento y policías del lugar lo impidieron, por lo cual fueron aprehendidas 15 personas, las cuales están sujetas a proceso penal con prisión preventiva, mientras el matrimonio Hernández-Matías sigue prófugo.
El antecedente es necesario para ubicar en su justa dimensión el grave problema del control de la delincuencia organizada sobre autoridades municipales, pues adicionalmente y en el mismo escenario, nueve directores municipales de seguridad pública fueron detenidos, encarcelados y vinculados a proceso por las mismas razones de proteger las actividades de grupos criminales. Sumarían 10, pero el de Texcaltitlán se suicidó de un disparo cuando le estaban informando de la orden de aprehensión en su contra.
Sería surrealismo puro, propio de una narración del fallecido escritor colombiano Gabriel García Márquez, sino fuera porque el problema de la penetración de la delincuencia organizada en los gobiernos municipales es una situación delicada y peligrosa para la seguridad, la paz y las condiciones necesarias para las actividades productiva y para la convivencia armónica de cada municipio.
No se requiere de estudios de posgrados en universidades del primer mundo para entender que, en los municipios en donde la seguridad estaba a cargo de los directores de las nueve policías, la población estaba desprotegida, indefensa, porque los cuerpos de seguridad estaban al servicio de las células criminales que las dañaban.
Se encontraban en la cruel paradoja de que las corporaciones policiacas, que pagaban con los impuestos de todos para que brindaran seguridad y paz, se dedicaban a servirle a la delincuencia, para lo cual utilizaban los recursos materiales, como vehículos policiacos y armamento.
El problema ni siquiera se conocía en su verdadera dimensión, lo cual dificultaba su solución. Y seguiría igual si no se hubiese investigado el origen de la alta incidencia delictiva y los agravios a la sociedad, desde extorsiones, secuestros, cobro de derecho de piso, homicidios dolosos, etc., perpetrados en complicidad con quienes tenían a su servicio a los cuerpos de seguridad municipales.
Es deseable y conveniente que no se quede en lo ya ocurrido, sino se extiendan las investigaciones y se castigue a las autoridades que traicionaron la confianza que les dieron y mientras cobraban para combatir a la delincuencia se ponían a su servicio con protección o con participación activa en las actividades criminales.
