COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
CARO SALDRÁ EL PROCESO PARA ELEGIR PERSONAS JUZGADORAS
MEXIQUENSE: 941 MDP, PERO SI MEJORA LA JUSTICIA, SERÁ BUENO
El Instituto Electoral del Estado de México prevé solicitar un presupuesto superior a los 941 millones de pesos para la organización y desarrollo de todas las etapas del proceso para elegir el primer domingo de junio próximo a juezas, jueces, magistradas y magistrados del Poder Judicial mexiquense. En esta ocasión sólo se elegirá a una parte de estos funcionarios judiciales, y a los integrantes dd Tribunal de Disciplina judicial, como lo estableció la reforma constitucional en esta materia y la legislación secundaria.
Es mucho dinero, por lo que es previsible que al final el Congreso del Estado de México reduzca ese monto, que es 225 millones más que la partida presupuestal autorizada para el Instituto de este año, pero inferior en 43 millones de pesos a lo que se les dará a los partidos políticos en un año que no es electoral; es decir, a las organizaciones partidistas se les otorgarán 984 millones de pesos del presupuesto general del gobierno, a pesar de que no harán erogaciones en campañas, porque no se efectuarán elecciones ordinarias este año.
Pedirá mucho dinero el IEEM, pero aun en el caso de que se le concediera el monto, no previsto en el presupuesto general del gobierno para 2025, porque cuando se elaboró no se había aprobado la reformar constitucional para elegir a juzgadoras y juzgadores estatales, serán recursos bien empleados si en septiembre los 18 millones de mexiquenses contamos con juezas, jueces, magistradas y magistrados honestos, capaces, interesados en servirle al Estado de Derecho y a la sociedad.
Sobre todo, si tomamos en cuenta que este año de los impuestos y derechos que pagamos el gobierno les darán a los partidos 984 millones de pesos, sobre cuyo destino jamás rinden cuentas claras a la población, y no reportan notoria utilidad social. Es decir, elegir a la mitad del personal juzgador saldrá más barato que mantener a partidos voraces cuando se trata de gastar dinero público, que reciben con la denominación eufemística de “prerrogativas”.
La necesidad de contar con juezas, jueces, magistradas y magistrados que cumplan estrictamente con las leyes y no perviertan, distorsionen y anulen la justicia con actos de corrupción es un reclamo social; sobre todo, de la población de menores ingresos y que ha pasado el calvario de la indiferencia y despreocupación o la exigencia de dinero departe de este personal cuando ha demandado justicia, sea como parte agraviada por el delito o por acusaciones falsas contra personas.
Desde esta perspectiva, si con la reforma al Poder Judicial del Estado de México y la elección de una parte de las personas juzgadoras se consigue ponerle fin a la injusticia, a los atropellos, arbitrariedades y la cruel paradoja de que personas inocentes sufren prisión y los culpables de delitos, andan libres, lo que se gaste resultará beneficioso; sobre todo, si la autoridad electoral aplica rigurosos criterios de racionalidad en el ejercicio del presupuesto que le asignarán
El ejercicio democrático para elegir a juzgadoras y juzgadores, como ocurrirá a escala federal con quienes encabezarán los juzgados de distritos y tribunales de circuito, ministras y ministros, será histórico, sin precedentes en el país, ni en el Estado, ni en el mundo, que se conozca, será más exitoso en la medida en que los ciudadanos participemos en la jornada de votación y nos informemos sobre la trayectoria jurídica y comportamiento personal de quienes contenderán por los cargos multicitados.
La oposición augura desde ahora que la concurrencia ciudadana a las urnas será de un 20 por ciento, pero motivar la participación es tarea de todos, incluyendo a las organizaciones políticas, que fueron excluidas del proceso electoral, precisamente, para evitar cualquier sesgo político, pero pueden aportar llamando a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto en una elección inédita, porque por primera vez en la historia no serán las influencias, los padrinazgos, los compromisos políticos, ni el dinero quienes decidirán quienes formarán parte del Poder Judicial del Estado y del Federal, en algo que fortalecerá la democracia.
Elegiremos también a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura Judicial, que ahora, inexplicablemente, encabeza el mismo presidente del Poder Judicial. La nueva institución será independiente y podrá investigar actos irregulares e ilegales de quien encabece al conocido también como Tribunal Superior de Justicia. Es una gran oportunidad para elegir personas juzgadoras como las que necesita la comunidad mexiquense. Debemos aprovecharla.
