*La medida busca dar marcha atrás a la política energética de los gobiernos neoliberales comenzada en 1992.
De la redacción
La titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó la semana pasada las iniciativas de leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética. Una vez aprobadas por el Poder Legislativo, se pondrán en marcha los trabajos para concretar los objetivos de los cambios constitucionales que revierten objetivos, metas y alcance de las aprobadas en 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; y las del 2013, de Enrique Peña Nieto.
Como aquí se informó en su oportunidad, la reforma constitucional en esta materia permitió retomar la rectoría del Estado en lo que hace a hidrocarburos y energía eléctrica, especialmente la facultad de planeación, que los cambios de Salinas de Giortari y Peña Nieto había suprimido en favor de intereses privados.
Petróleos Mexicanos (PEMEX), y la Comisión Federal de Electricidad recuperaron su condición de empresas públicas, y sus actividades de producción y comercialización no serán declaradas monopolio, porque se trata de actividades estratégicas para el desarrollo nacional y para garantizar el derecho de los mexicanos a la energía eléctrica, según se dio a conocer en la conferencia del pueblo.
Ambas empresas públicas fueron consideradas “productivas del Estado”, en una vision neoliberal y en la estrategia de desaparecer a las dos empresas y dejar todo en manos privadas. Para lograr ese objetivo fueron subdividas en varias empresas subsidiarias, que en el caso del sector energético, intereses privados formaban parte de las subsidiarias.
Los cambios constitucionales y legales buscan recuperar la soberanía y rectoría del Estado Mexicano en las actividades petroleras y de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, y fija reglas claras a la participación privada, las cuales no podrán rebasar el 46 por ciento de la generación del fluido eléctrico.
Por su parte, las reformas de Salinas de Gortari y Peña Nieto abrieron las puertas a empresas privadas en las actividades de las dos empresas y la Comisión Federal de Electricidad fue obligada a competir con compañías privadas en condiciones desventajosas. Debía facilitar su red de transmisión y distribución a las empresas privadas, que no pagan el costo del servicio; además, los intereses privados tenían preferencia para subir su producción a la red de la CFE.
Tanto PEMEX como la CFE volverán a integrarse en forma vertical y horizontal, pero tendrán su condición de empresas públicas, con objetivos sociales, no con fines de lucro, por ello su atención a las necesidades de la población no podrá ser considerada un monopolio, como estaba fijado en la reforma de Peña Nieto del 2013.
