*Además pretende ajustarle cuentas al gobierno de ese país, por denunciar a Netanyahu.
De la redacción
En su despropósito de querer reconfigurar el mundo a su forma de pensar, el presidente estadounidense Donald Trump suspendió la asistencia económica a Sudáfrica, por la reforma agraria emprendida por el gobierno de ese país.
Influyó también en su decisión la denuncia del gobierno sudafricano en la Corte Internacional de Justicia contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, perpetrados en la Franja de Gaza contra niñas, niños, mujeres y ancianos, por lo cual tiene orden internacional de captura en más de 150 países.
Con su conocida desinformación y arbitrariedad, el mandatario estadounidense presenta la reforma agraria sudafricana como si apenas se acabara de aprobar, cuando estuvo incluida en la Constitución que se expidió en 1997, después del fin del régimen de Apartheid, finalizado en 1994.
Tampoco señala que ese proceso, que abarca diversas modificaciones constitucionales en todos esos años, tiene como finalidad restituir las tierras a sus dueños, de las que fueron despojadas durante la etapa colonial.
Trump llegó a decir que esa devolución de suelo a la población negra representa un peligro para la seguridad de Estados Unidos, y que se trata de arbitrariedades y violación a los derechos humanos por parte de las autoridades de Sudáfrica.
Estas dieron a conocer que la tierra restituida representa apenas el 7 por ciento de las que despojaron a los negros, especialmente durante el Apartheid. Son 82 millones de hectáreas las concentradas por menos del 6 por ciento de la población, toda blanca.
Esa extensión concentrada por la vía del despojo, representa el 86 por ciento de la superficie cultivable, y el 68 por ciento del territorio sudafricano, lo cual prueba la injusta posesión del suelo, lo que busca corregir el gobierno de Cyril Ramaphosa.
La afirmación de que la reforma agraria de Sudáfrica representa riesgos para la seguridad de Estados Unidos carece de sentido; sobre todo, si se toma en cuenta que Washington, la capital estadounidense se encuentra a 12 mil 700 kilómetros de Ciudad del Cabo, una de las tres capitales de la nación africana.
Además, no se trata de arrebatarle propiedades a los blancos, como lo sostiene Trump, sino de restituirle la propiedad a sus verdaderos dueños, los negros, a quienes les fueron arrebatadas por la fuerza.
Los afectados por la política colonial de despojo, especialmente en el régimen racista del penúltimo presidente de la época del Apartheid, Peter Botha fueron 5.5 millones de negros.
Las expropiaciones por causas de utilidad social, está establecida en la Constitución de 1997, no es reciente, e incluye desde acuerdos entre dueños originarios y ocupantes, indemnizaciones a los reclamantes de sus tierras, permuta por otras tierras, compras del gobierno a precios justos y, en casos extremos, las expropiaciones para poder cumplir con lo que ordena la norma constitucional, lo que no informa Donald Trump.
