COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
LAS DOS INICIATIVAS CONTROVERTIDAS PRESENTADAS
EN LA CÁMARA Y QUE IBAN A DAÑAR LA IMAGEN DEL GEM
No era inocente la iniciativa para suprimir requisitos para ser candidata(o) a la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAEMéx, presentada cuando ya había iniciado el proceso para elegir rectora o rector (entonces había aspirantes hombres), un diputado morenista de última hora, Octavio Martínez Vargas, presentó dicha iniciativa de reforma a la legislación de la Universidad en algo que tenía toda la traza de ser una maniobra para dejar mal parada a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez frente a la comunidad universitaria, de la cual ha sido notoriamente respetuosa.
La propuesta pretendía suprimir el requisito de demostrara una larga carrera profesional al servicio de la institución de estudios superiores para ser rectora o rectora; es decir, pretendía que una persona con sólo meses en la Universidad podría aspirar a ocupar el cargo de máxima responsabilidad. No se le veía pertinencia y sí mucha impertinencia a esa iniciativa, que al conocerse su contenido y ser impulsada por un legislador morenista (su condición de perredista de toda la vida no la conocen en la UAEMéx) le atribuyeron intención de la mandataria estatal de intervenir en el proceso electoral universitario.
Martínez Vargas había sido un furioso antimorenista en Ecatepec, donde se aliaba con el PRI contra Morena, pero -ya sin posibilidades de ocupar cargos en el perredismo- se incorporó hace poco al morenismo, protegido por uno de los grupos internos del partido guinda. No era, ni es cercano a la gobernadora Gómez Álvarez, lo cual fortaleció la sospecha de que trató de generarle problemas con la comunidad universitaria, en un momento crucial para la Máxima Casa de Estudios mexiquense.
No prosperó la iniciativa del hasta hace poco perredista, pero su intención de generar condiciones inconvenientes para la titular del Poder Ejecutivo del Estado de México quedó asentada con esa propuesta de reforma innecesaria a la Ley Orgánica de la UAEMex; es decir, no dio pruebas de compartir y defender los valores de Morena, sino todo lo contrario. Su perfil político y sus vínculos con gobiernos priístas son conocidos.
El otro caso: La mandataria mexiquense fue mal aconsejada por sus colaboradores, quienes la convencieron de presentar una iniciativa de reforma al Código Penal de la entidad mexiquense, destinada a reducir penas de prisión para quienes cometen delitos graves como homicidio, femlnicidio y extorsión, entre otros, en un momento en que el Estado ocupa el segundo lugar en personas desaparecidas y no localizadas y el primer lugar en feminicidio, extorsión, robo de vehículos y al transporte público.
La situación de estos ilícitos en territorio mexiquense llegó a ser tan delicada que hizo necesario el apoyo de las fuerzas de seguridad federales para combatir a la delincuencia, porque las policías estatales habían sido rebasadas, mientras las municipales estaban al servicio de la delincuencia organizada, como lo prueba la captura de numerosos mandos de cuerpos de seguridad municipales.
Pero la iniciativa también busca o buscaba suprimir la prisión vitalicia, para dejar la pena máxima de cárcel en 70 años, y esto es lo que más se difundió en los medios informativos, pero para efectos prácticos la desaparición de la prisión de por vida no modificó la realidad de que alguien condenado a 70 años de privación de la libertad no saldrá vivo de un reclusorio, porque el encierro hace envejecer más rápido a las personas, y si alguien es condenado a esos años de prisión y delinque a los 18 años, recuperaría su libertad a los 88 años.
En cautiverio nadie vive tanto, de ahí que la supresión de la prisión vitalicia no afectaría a la sociedad, pero sí la disminución de las penas en delitos graves, como el homicidio doloso, con las agravantes o calificativas, pues la iniciativa establece como pena mínima para estos casos la de 25 años de cárcel, lo cual motivó a un grupo de legisladores a proponer un análisis profundo del asunto, para no enviar un mensaje a la sociedad que puede ser mal entendido. Estas dos iniciativas son de las que debe evitar el Poder Ejecutivo.
