*Aun con fuero, un interrogatorio ministerial al diputado puede esclarecer el caso.
De la redacción
Información falseada deliberadamente, como esa de presentar a la presunta víctima de intento de abuso sexual, por parte de Cuauhtémoc Blanco, como media hermana del acusado, a pesar de no serlo, perjudicó el trámite de la solicitud de desafuero, presentada por el anterior fiscal de Morelos, contra el ahora diputado federal.
No prosperó el recurso, porque jurídicamente estuvo mal elaborado, pero eso no constituyó una declaratoria de inocencia, porque el grupo de representantes populares que lo desechó sólo iba a dictaminar si procedía o no el desafuero.
La Fiscalía General de Justicia de Morelos (FGJM) puede presentar de nuevo la solicitud de desafuero, con los elementos necesarios para que la representación popular someta a votación si se le retira o no el fuero al exfutbolista. Ahora no examinó el fondo, destacó Alejandro Serrano Olvera, jurista experto asuntos de este tipo. Y lo que declare ante la FGJM, aun con fuero puede esclarecer el caso y arrojar elementos útiles para saber si existen o no indicios para seguirlo.
Lo de media hermana, periodistas insisten en presentar a la presunta víctima con ese parentesco, aunque el acusado repita que no es su media hermana, que es hijastra de su padre y que duró 6 meses para denunciar el supuesto intento de violación sexual. Todo ese tiempo permaneció cerca de su supuesto violador en grado de tentativa.
BLANCO DEBIÓ SER ACUSADO DE PECULADO
Serrano Olvera comentó que por todo lo difundido, Cuauhtémoc Blanco debió ser denunciado por el delito de peculado, en este caso específico, porque toda la parentela vivía y era sostenida por las finanzas públicas morelenses.
La propia presunta víctima, su medio hermano, su padre adoptivo y otros familiares del mandatario de Morelos vivían en la Casa de Gobierno estatal; es decir, ocupaban un inmueble propiedad del gobierno y Blanco no los mantenía con sus ingresos, sino con presupuesto gubernamental, en una clara desviación de fondos públicos, y claro ilícito de peculado.
El experto en derecho y académico atribuyó el silencio ante el caso de Blanco, a una práctica generalizada de gobernadores y gobernadoras de instalar a sus familiares en los inmuebles públicos, cuando padres, madres, hermanas, hermanos, medios hermanos, medias hermanas, primas y primos no tienen derecho a vivir del presupuesto de los estados, ni a ocupar en forma gratuita inmuebles públicos.
