*Ambas instituciones, fundamentales para una entidad con 18 millones de habitantes.
De la redacción
En un período de apenas 18 días, el Estado de México tendrá dos elecciones de importancia estratégica para la impartición de justicia y para la formación de cuadros profesionales para el desarrollo humanista, científico, tecnológico e innovación.
El 14 de mayo próximo la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), por conducto de sus representantes en el H. Consejo Universitario, deberá elegir a la rectora para el período 2025-2029.
Ya será histórico por tratarse de la primera mujer en ocupar el cargo en toda la historia de la institución de estudios superiores, y lo será más porque las candidatas están trabajando de verdad para ganar.
Por si fuera poco, es igualmente la primera ocasión en que se inscriben sólo mujeres para competir y de que se trata de media docena, aunque no se descarta que antes de la elección alguna o algunas declinen en favor de otras.
La Máxima Casa de Estudios del Estado de México tiene una matrícula numerosa, de las más grandes de las instituciones públicas estatales de estudios superiores de México, ello le confiere mayor trascendencia a la disputa por la Rectoría.
El proceso, además, sentó otro precedente: la intervención del Poder Judicial Federal, que ordenó inscribir a la candidata Laura Benhumea González, a quien inicialmente la Comisión Especial Electoral (CEE) le había negado registro. Nunca había ocurrido un caso así en la UAEMéx.
La elección de juezas, jueces, magistradas y magistrados del Poder Judicial mexiquense y de integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (de nueva creación), será también histórica, porque nunca juzgadoras y juzgadores habían sido electos en 200 años de la institución. Y será en beneficio de 18 millones de mexiquenses.
Se dará en el escenario nacional, junto con la elección de titulares de juzgados de distritos, de tribunales de circuito, de ministras, ministros y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal, que encabezaba la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ésta opuso resistencia a la reforma constitucional que dio paso a la reforma judicial, y en su rechazo incurrió en abierta violación al Estado de Derecho; sobre todo, porque la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, en su condición de presidenta también del Consejo de la Judicatura, permitió que el personal de los 32 circuitos judiciales llevara a cabo un paro ilegal de cerca de tres meses.
Se sumaron al ilegal movimiento parista los titulares de los juzgados y tribunales, con lo cual, además de las violaciones a las leyes laborales, incurrieron en el delito de obstrucción de la justicia, precisamente, los responsables de aplicar las leyes. No frenaron la reforma y en junio se efectuará la elección en el Poder Judicial Federal.
