MAYOR DESAFÍO DE NUEVO TSJ
QUE EL DE RECTORA DE UAEMéx
MANTENER Y ELEVAR LA CALIDAD ACADÉMICA DE
UAEMéx DEPENDERÁ DE RECTORA; TSJ, MÁS DIFÍCIL
La próxima rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México UAEMéx) tendrá como retos mantener y elevar la calidad académica, ampliar la matrícula de estudiantes, manejar con eficacia y honestidad el presupuesto y fortalecer más los vínculos de la institución con los diversos sectores de la comunidad estatal,
No son objetivos fáciles, pero quien gane la elección el 14 de mayo no tendrá obstáculos externos, fuera de su control para lograr las metas fijadas. Dependerá de su capacidad académica, vocación de servicio e interés por servir a la población universitaria y para formar los cuadros humanistas, científicos, tecnológicos y técnicos para contribuir a los esfuerzos destinados a impulsar el desarrollo económico y social del Estado.
Muy distinto y mucho más complejo será el reto de quien gane la presidencia del Poder Judicial de la entidad mexiquense, la más poblada del país, donde se perpetran más delitos que en otros estados y el índice de impunidad es igualmente elevado, además de los delitos no denunciados.
A diferencia de lo que enfrentará la próxima rectora, quien encabece el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de México no podrá mejorar la impartición de justicia sin que antes se mejoren todos los componentes institucionales del sistema de justicia, que incluyen a la Fiscalía General de Justicia, las policías estatales y el cuerpo de custodios del sistema carcelario.
Las deficiencias del sistema estatal de justicia se expresan con mayor crudeza en el ámbito penal, y no sólo por tratarse de los delitos que más agravian a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad, sino porque es donde la impunidad es mayor, como lo indican los análisis comparativos sobre el problema.
“El Espectador” documenta periódicamente desde hace años la preocupante ineficacia del sistema de justicia mexiquense. El número de carpetas de investigación consignadas a los jueces por el ministerio público representa cada año un reducido porcentaje de las carpetas de investigación abiertas.
Y si esto constituye ya un grave problema, la situación empeora cuando se conoce el bajo número de sentencias condenatorias que logra la Fiscalía mexiquense, sin contar que muchas son revertidas en la segunda instancia local o mediante juicios de amparo promovidos ante la justicia federal.
El fenómeno es grave y agravante para víctimas, familiares y comunidad, y solucionarlo no está exclusivamente en el presidente del Poder Judicial, ni en los titulares de los juzgados, magistradas y magistrados, porque para ello se necesitan ministerios públicos capaces y comprometidos con la ley y la justicia, y policías preventivos y de investigación capacitados, honestos e interesados en servir a la sociedad y conscientes de la trascendencia de sus responsabilidades; además, también debe ser más eficaz e íntegro el cuerpo de peritos.
