*Muchas casas fueron vandalizadas y dejadas por quienes las compraron.
De la redacción
De acuerdo con las últimas informaciones de INFONAVIT y FOVISSTE, las viviendas abandonadas, vandalizadas u ocupadas ilegalmente superan las 935 mil en todas las entidades federativas.
El mayor número corresponde a las adquiridas con financiamiento del primer organismo a trabajadores de la iniciativa privada: son 845 mil, mientras 90 mil las compraron servidores públicos federales con créditos del FOVISSTE.
Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, aclaró que no se efectuarán desalojos de los inmuebles que están en poder de personas ajenas a quienes les fueron asignadas.
Se les podrán vender a sus ocupantes, porque el objetivo es resolver el problema del déficit habitacional, por lo cual está en marcha inclusive un programa de viviendas para trabajadores jóvenes que no tienen seguridad social.
Estas acciones correrán por cuenta de la Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVIN), como lo anunció hace poco el gobierno federal. En este escenario, se buscará darle solución a las casas abandonadas.
Romero Oropeza informó que varias razones se conjugaron para dar como resultado el abandono de las 845 mil viviendas compradas con financiamiento del organismo que encabeza, entre las cuales la corrupción fue una de las principales.
Las viviendas fueron construidas lejos de los centros de trabajo, no se les dotaron de los servicios básicos, se aplicaron altas tasas de interés a los créditos, además de que en muchos casos los asalariados perdieron sus empleos y se fueron a la economía informal y dejaron de recibir sus salarios.
En estos últimos casos, tampoco podían recuperarse los créditos, porque las mensualidades se las descuentan de sus sueldos las empresas patronas, las cuales las entregaban al INFONAVIT.
Algo similar ocurrió con el abandono de las 90 mil viviendas financiadas por el FOVISSTE a los servidores públicos federales. Los inmuebles serán reasignados a quienes demandan crédito para viviendas.
El abandono de viviendas compradas con financiamiento de organismos públicos constituye una paradoja, porque por el otro lado existe un fuerte déficit habitacional, de millones de casas para vivir, especialmente de familias de bajos ingresos y excluidos del régimen de seguridad social.
Las autoridades no dieron detalles sobre los precios a los que serán vendidas las casas a quienes las ocupan ilegalmente. Lo que si adelantaron es que no se efectuarán demandas penales para lograr desalojos.
