*La SCJN consignará penalmente al diputado federal y exedil David Sánchez Isidoro.
En un hecho sin precedente en la historia estatal, la Suprema Corte de Justicia dela Nación (SCJN) destituyó al alcalde de Coacalco, Erwin Castelán Enríquez, a todo su cabildo, y anunció la consignación ante un juzgado penal federal del anterior edil y diputado federal, David Sánchez Isidoro y de 15 personas más, entre exregidores, exsíndico y exfuncionario de designación.
La resolución del máximo tribunal del país fue por desacato a una sentencia de amparo del día 3 de abril de 2013, en la cual se condenó al ayuntamiento encabezado entonces por Sánchez Isidoro a cubrir una indemnización a una persona despedida sin justificación.
En su momento éste no cumplió la sentencia, ni lo hizo Castelán Enríquez, por lo cual fue cesado junto con el cabildo. Aun destituido el alcalde y su cabildo y consignado el anterior edil, el gobierno municipal tendrá que pagar la indemnización al quejoso.
La SCJN ordenó llamar a los suplentes para asumir los cargos de los titulares destituidos, y preciso que en caso de negativa a integrar el cabildo sea la Legislatura Local quien nombre a las personas necesarias para el restablecimiento del orden constitucional en el municipio.
Castelán Enríquez era acusado de mala administración y de permitir la toma de decisiones institucionales de uno de sus hermanos, a pesar de que no formaba parte de la administración municipal, como en su momento se informó en este semanario.
Los proveedores y contratistas lo acusaban de no pagar adeudos, mientras la inseguridad pública convirtió a esa demarcación limítrofe con Ecatepec en una de las más inseguras del Estado de México.
No obstante la destitución del cabildo, con su jefe a la cabeza, no fue por estos problemas, sino por no cumplir la sentencia de amparo que condenó al ayuntamiento a pagar la indemnización a un empleado despedido injustificadamente.
Tanto el alcalde destituido como su antecesor militan en el PRI, y Sánchez Isidoro luchaba por volver a ser candidato, posibilidad desvanecida, porque ahora debe responder ante la justicia federal, junto con 15 exmiembros del cabildo y exfuncionarios administrativos.
El desacato a una sentencia de amparo se castiga con pena de cárcel que puede llegar hasta 12 años, por ello los exalcaldes de Coacalco y quienes los acompañaron en el cabildo y la administración tienen un grave problema.
En la misma sesión, la SCJN también destituyo al cabildo de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla; y un día antes había hecho lo mismo con el de El Paraíso, Tabasco, por desacato a sentencias de amparo. En el primer caso, por deuda a particular; en el segundo, por conflicto laboral.
