*A plena luz del día ejecutaron en Nuevo Laredo al periodista Carlos Domínguez
Apenas transcurrían 13 días del año cuando grupos criminales ejecutaron a un s22egundo periodista mexicano: Carlos Domínguez Rodríguez, analista político independiente. A plena luz del día sicarios le dispararon en una calle de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El informador y experto en temas políticos locales conducía su vehículo en el centro de esa ciudad, acompañado de su hija, cuando se produjo la agresión mortal, de acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia estatal.
Apenas la madrigada del 6 de este mismo mes ocurrió otra muerte de un periodista. Esto fue en la ciudad de México, y la víctima fue José Gerardo Martínez Arriaga, editor del área de “Servicios Universales de Noticias”, del matutino de “El Universal.
Como ocurre en todos los casos, organizaciones de periodistas nacionales y extranjeras condenaron el homicidio de Domínguez Rodríguez, demandaron el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los autores materiales e intelectuales de la ejecución del periodista.
De la misma forma, como sucede en todos los casos de una ejecución de un informador o analista político de los medios informativos, las autoridades de Tamaulipas, con el gobernador Francisco Javier García Cabeza d Vaca al frente, adelantaron que la muerte del comunicador independiente no quedará impune.
En casi todos los casos el compromiso de las autoridades estatales no se ha cumplido, a pesar de los reclamos de justicia de las familias de las víctimas y de agrupaciones de informadores y analistas profesionales: la impunidad prevalece.
El año pasado fue el más letal para los periodistas, al grado de que ni siquiera se incluyen varias víctimas en la relación de ejecutados, como se destacó en el número anterior de este semanario. Varios periodistas asesinados, que laboraban en medios informativos modestos de los estados de la República, no están considerados en las listas difundidas por las organizaciones del gremio.
Las autoridades, en su afán de evadir sus responsabilidades de garantizar las condiciones apropiadas para el ejercicio de la actividad periodística y de la libertad d expresión, en muchos casos niegan la condición de periodista o les atribuyen vínculos con la delincuencia organizada.
Entre los reporteros, fotógrafos y camarógrafos asesinados en 2017 y que no están las listas de víctimas, por no ser famosos, ni trabajar para medios informativos influyentes figuran Cecilia Méndez, de Guadalajara, Jalisco; Ernesto Martínez Moreno, de Taxco, Guerrero; Javier Lucero, de La Paz, Baja California Sur; Juan Carlos Hernández Ríos, de Yuriria, Guanajuato; Alejandro Zepeda Ortiz, de Ocosingo, Chiapas.
La relación de periodistas ejecutados, de los cuales poco o nada se sabe incluye a Marcela de la Cruz Natalia de la Cruz, de Ometepec, Guerrero; y Erik Ernesto Bolio, de La Paz, Baja California Sur.
La experiencia enseña que aun los casos de periodistas conocidos y reconocidos, al servicio de medios informativos importantes por su cobertura, no se hace justicia; que sus ejecuciones quedan impunes, y en muchos casos con investigaciones deficientes, que en muchas ocasiones no tienen seguimiento y no se integran, lo que explica que en los casos de periodistas modestos, ni siquiera se tenga registro de sus muertes.
