*Numerosas contralorías no están en condiciones de cumplir con sus funciones.
En promedio, 95 por ciento de las sanciones en contra de funcionarios públicos vinculados con actos de corrupción se pierden en los tribunales, indicó el especialista en consultoría a municipios, Armando Sergio Lara Pérez, quien además urgió la necesidad de fortalecer a las contralorías municipales.
“Ya se sabe que en todos lados se roba, el tema no es ese, sino ubicar las carencias que lo permiten, por lo cual el tema es prevención y esto generalmente parte desde las contralorías municipales donde radican los primeros actos y hay contacto más directo de diversos servicios”, advirtió.
El problema, añadió, es que hay muchos órganos sin una estructura adecuada para llevar a cabo las funciones que les obliga la ley, como son las auditorias, y por ello no las llevan a cabo. Hay varios casos donde la Contraloría está integrada solo por el contralor, sin siquiera una secretaria.
“¿Cómo va a poder llevar a cabo las labores de investigación, sustanciación y en un momento sanción? Y si a eso se suma la dependencia que tienen del alcalde, lo cual se ha controvertido mucho. Hay que buscar un esquema que permita a los contralores tener una mayor independencia”, indicó.
Relató que en su tesis de Maestría propuso que a través del Órgano Superior de Fiscalización se cree una terna de aspirantes que cumplan con los requisitos básicos hasta la certificación para ocupar el cargo y el ayuntamiento los pueda nombrar a través de mecanismos abiertos y transparentes para poder seleccionar al mejor candidato, sobre todo ahora que deben cumplir con una función importante dentro del Sistema Anticorrupción.
Es triste, lamentó, que se exija a los contralores un perfil, capacitación y certificación, experiencia y otras peticiones, pero cuando llegan a ocupar un cargo se encuentran que no tienen personal para desempeñar una función fundamental e importante. Necesitan darles elementos mínimos porque son el control preventivo, el que va a evitar que se lleven a cabo sanciones o actos contrarios a la ley.
Si esto se suma a la situación en los municipios, agregó, todo se vuelve más preocupante, sobre todo por el nivel de opacidad, pues no cumplen ni el 10 por ciento de sus obligaciones en materia de transparencia, a casi dos años que se dio a conocer la nueva Ley.
Resaltó que ha logrado comprobar que no cumple a cabalidad ni si quiera el órgano garante y hay municipios grandes con niveles de hasta seis por ciento, es decir están por debajo de la media estatal.
El experto en control interno consideró que a nivel estatal es mayor el cumplimiento, pero en los municipios es necesario poner mucho cuidado, incluyendo a los grandes porque hay casos donde el rezago es de 94 por ciento, incluso superior a la media estatal.
