*La Ley General del Agua no está en la agenda legislativa de diputados y senadores.
Ninguno de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados Federal y el Senado de la República mostró interés en desahogar el tema de la Ley General del Agua, cuyo proyecto fue severamente cuestionado por los grupos ambientalistas, por considerarla contraria a los intereses de los mexicanos.
Esta propuesta no será siquiera estudiada en el último período ordinario del Congreso de la Unión, porque ninguna fracción de diputados federales o senadores se interesó por incluirla en los asuntos a tratar, aclaró la presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, Ana Lilia Herrera Anzaldo.
En conferencia de prensa efectuada en esta capital mexiquense para dar detalles de la iniciativa de José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, para prevenir y sancionar la corrupción, reveló que en la última sesión conjunta de las juntas de Coordinación Política de ambas cámaras del Congreso de la Unión, no se habló de la Ley General del Agua.
El contenido, orientación y alcance de esta norma impulsada es percibida por las organizaciones no gubernamentales como claramente privatizadora del recurso natural, a cuyo acceso se le considera ahora un derecho humano de nueva generación.
Por eso mismo las ONGs sostienen que no puede dejarse en mano de la iniciativa privada, cuyas empresas buscan el lucro, no garantizar el derecho constitucional y humano al acceso de agua suficiente y de buena calidad, indispensable para la vida humana y el desarrollo.
Las reuniones de las juntas de Coordinación Política de los diputados y senadores son previas al inicio de los períodos de sesiones y en ellas se proponen, acuerdan y aprueban los asuntos de la agenda legislativa a desahogar. En la última ninguna bancada de diputados federales o senadores impulsó este tema.
Herrera Anzaldo, cuya trayectoria política incluye la alcaldía, diputación local y federal por Metepec, la senaduría, la secretaría de Desarrollo Social, las dirigencias estatales del PRI y de una de sus organizaciones nacionales, fue nombrada vocera, junto con dos personas más, de la campaña electoral de José Antonio Meade.
En esta última condición habló con los reporteros locales y corresponsales de las iniciativas de reformas constitucionales y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para prevenir, investigar, perseguir y sancionar la corrupción de los servidores públicos de todos los niveles, con mayores penas de cárcel que las vigentes.
Recordó que los aspectos más relevantes de esa propuesta de Meade son la confiscación de los bienes de los funcionarios corruptos, una especie de certificación de la evolución del patrimonio de cada servidor público, severas penas de cárcel para los corruptos, quienes deben acreditar el origen lícito de sus bienes y la aplicación en un programa nacional de becas financiado con del dinero proveniente de las confiscaciones.
Elogió el perfil de Meade y expresó su confianza en que ganará la presidencia de la República.
