La sociedad mexicana cambió mucho en su posición frente al poder público en los últimos 18 años, y no se diga en comparación con hace medio siglo, cuando los presidentes de la República eran vistos por la población como especie de semidioses. Ver a un jefe de la nación en persona emocionaba al ciudadano común y corriente.
Estar en un acto encabezado por el titular del Poder Ejecutivo Federal quedaba grabado en la memoria del asistente, según nos cuentan maestros y familiares adultos mayores. Ese comportamiento es impensable ahora; al contrario, la impopularidad caracteriza generalmente desde 1994 a quien ocupa la parte más alta de la pirámide del poder.
Por eso los mandatarios evitan acudir a actos masivos como los partidos de la selección nacional de futbol o un juego de los considerados clásico del balompié. Saben que serían abucheados por ese público, que cambia su conducta en relación a la asumida cuando son llevados a los eventos gubernamentales para aplaudir.
Esto ocurre a pesar de los ríos de dinero destinados por las autoridades al pago de propaganda en los grandes medios informativos impresos y electrónicos, como lo estamos presenciando en estos momentos con el presidente Enrique Peña Nieto, cuya administración ha gastado mucho dinero en publicidad y tiene baja aceptación social.
Un reportaje difundido hace poco en un influyente cotidiano estadunidense ubicó el gasto en propaganda de la presidencia de la República en dos mil millones de dólares en el sexenio; es decir, cerca de 40 mil millones de pesos. La información debe ser verídica, porque el monto no ha sido desmentido oficialmente hasta ahora.
Con todo, en los hechos esos fondos públicos fueron tirados a la basura, porque no se han traducido en una buena imagen para el político originario de Atlacomulco. Sus índice de aprobación a su desempeño son ínfimos, como si nunca hubiera pagado publicidad, precisamente, porque la comunidad nacional, o al menos su segmento más informado, es ahora menos manipulable.
Una encuesta de la empresa consultora “Gabinete de Comunicación Estratégica” (GCE), de Liébano Sáenz, quien por varios años fue secretario particular de Luís Donaldo Colosio Murrieta y después lo fuera de Ernesto Zedillo Ponce de León cuando éste ocupó la presidencia de la República, arrojó malos resultados para el presidente Peña Nieto.
GCE está libre de sospecha de ser crítica, contestataria o desafecta al poder público priista; al contrario, ha sido beneficiada con contratos diversos de las instituciones, por lo que sus hallazgos en esta muestra demoscópica nada tienen que ver con resentimiento, ajustes de cuentas o presiones para conseguir dinero público.
Encontró que el 39 por ciento de los encuestados consideran al presidente como el peor político del país. La calificación que dan a Andrés Manuel López Obrador en este aspecto es de sólo el 5 por ciento, y en cuanto al mejor político, el presidente de la República alcanzó una calificación de apenas el 3.4 de una escala de 10 puntos. El tabasqueño obtuvo 6.8 puntos, lo que prueba que el gasto gubernamental propagandístico no inevitablemente genera buena imagen.
