La autopista Santa Fe-La Marquesa debió ser libre desde hace varios años.

El nuevo aumento de cuota en los dos tramos de autopista de la carretera México-Toluca no puede entenderse sin recordar el trato privilegiado y favores concedidos por el gobierno a los concesionarios, incluyendo a PINFRA (antes TRIBASA), explotadora de esas carreteras, cuyos dueños pasaron de ser modestos empresarios a magnates multimillonarios.

La autopista Santa Fe – La Marquesa fue altamente rentable dese el principio, pero inexplicablemente fue incluida en el rescate financiero, que costó en 1997, durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, 141 mil millones de pesos, y después de pagarse cada año en la actualidad el monto se aproxima a los 230 mil millones de pesos, mientras los concesionarios reciben ríos de dinero, de acuerdo con un recuento de “El Espectador”.

Mientras tanto, ejidatarios rechazan la construcción de un nuevo tramo carretero de cuota de la misma PINFRA, planeado para interconectarse con el libramiento de Lerma y la autopista Lerma-Tenango del Valle.

El caso de esa carretera de cuota San Fe-La Marquesa es especial y contrario a los intereses de los usuarios de la misma. En 2006 la concesión estaba próxima a vencer, pero en el final del sexenio de Vicente Fox Quesada, prorrogaron 17 años el tiempo de explotación, con el compromiso de reducir la cuota a 50 pesos y de no elevarla. De todos modos la empresa concesionaria no cumplió y los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto les  permitieron seguir aumentando las tarifas.

Esa vía de comunicación debería ser libre de pago desde hace varios años, pero inexplicablemente, porque no invirtió más dinero, después de haber obtenido beneficios cuantiosos, le prorrogaron la concesión hasta 2030, y hay información de que le dieron otro prorroga de 10 años, para seguir explotando los bolsillos de los usuarios, lo cual no ha desmentido la Secretaría de Comunica y Transporte (SCT).

Los favores gubernamentales permitieron a la familia Peñaloza, concesionaria de esa autopista y del tramo La Marquesa-Lerma, pasar de propietarios de una modesta empresa fabricante y comercializadora de asfalto ubicada en Lerma, a verdaderos magnates, con inversiones económicas en otros países de América Latina.

“Triturados Basálticos” (TRIBASA) era una compañía pequeña, sin capacidad para construir una autopista. Un tramo de esa vía de comunicación, que elevó en 8 por ciento sus cuotas, con lo cual pasaron de 76 a 82 pesos, fue construido por el gobierno estatal, con fondos públicos, durante el gobierno de Jorge Jiménez Cantú.

Otra parte se construyó con fondos públicos federales en el sexenio de José López Portillo, según se informó en su tiempo. En realidad TRIBASA sólo costeó, si es que lo hizo, el tramo de la caseta de cobro a Santa Fe.

El caso de esta carretera es un claro ejemplo del privilegio gubernamental a los grandes intereses económicos, a cambio de desatender las necesidades de la población. Todos pagamos cada año el rescate carretero, y la deuda crece, en lugar de bajar. Esto debe tomarse en cuenta en cualquier análisis del encarecimiento de las cuotas de autopistas.